El Congreso deja claro que no se podrá urbanizar en el parque de Ordesa

El Congreso de los Diputados cerró ayer la puerta a que se pueda urbanizar en los parques nacionales, incluido el de Ordesa. El PP, que aseguró ayer que la intención del proyecto de ley nunca fue permitir la construcción  en estos recintos protegidos, cedió a la reclamación del resto de partidos y de colectivos ecologistas e introdujo una enmienda para eliminar cualquier posibilidad. Según indicaron, aceptaron votar la enmienda para "disipar dudas" debido a una redacción ambigua de la versión inicialmente propuesta.

Esta aclaración fue el cambio más relevante que se introdujo ayer en el proyecto de ley de Parques Nacionales, en su último trámite en el Congreso. Sin embargo, el texto sí mantiene la otra cuestión que generó más polémica: la atribución al Gobierno central de competencias que hasta ahora estaban en las autonomías. Además, la nueva ley introduce cierta permeabilización a nuevas actividades económicas en las zonas protegidas, con el objetivo de facilitar que se asiente la población. 

Todos estos factores dejaron al PP solo en la votación. El resto de grupos –PSOE, IU, CiU, UPyD y las formaciones nacionalistas,– votaron en contra ayer en la comisión de Medio Ambiente del Congreso. Ahora, el texto ya está completamente cerrado y solo queda que el Senado lo valide para que entre en vigor.

La ley resta alguna competencia al Gobierno de Aragón respecto al completo control que tenía sobre el parque de Ordesa. El cambio se centra principalmente en que ahora será el Gobierno central el que pueda aprobar un "marco" normativo que siente las bases de funcionamiento. El objetivo del Ministerio de Agricultura yMedio Ambiente es facilitar "la coordinación" con toda la red estatal.

Los dos portavoces del PPque tomaron la palabra, Olga Iglesias y José María Alonso,dejaron claro  que los gobiernos autonómicos seguirán siendo los responsables de aprobar los planes de cada parque concreto y que mantendrán la responsabilidad sobre su gestión.

El diputado del PSOE, Alejandro Alonso, denunció que la ley busca "privatizar" parte de los parques nacionales y cuestionó que la norma respete el reparto competencial.

El diputado de IU por La Izquierda de Aragón, Álvaro Sanz, denunció que la ley supone "una invasión competencial", lamentó que se haya reformado la ley antes de aplicarse de forma completa la aprobada en 2007 y cargó contra el nuevo planteamiento económico que se hace dentro de los parques. Además, instó a "evitar la caza, los vuelos, las urbanizaciones y la actividad turística mal entendida en estos espacios naturales".