Múltiples deficiencias en la adjudicación de contratos

El órgano fiscalizador pide mayor rigor en las valoraciones y que se limiten los procesos sin publicidad y de urgencia

Criterios mal valorados, deficiencias en la adjudicación y abuso de los procedimientos de urgencia y sin publicidad. La Cámara de Cuentas pone múltiples reparos también en su último informe a la forma de contratar de las 32 comarcas aragonesas, que gastaron en 2011 11,4 millones de euros en obras, servicios y suministros. 


El órgano fiscalizador censura que en el 80% de los contratos revisados no se justifiquen "adecuadamente" los criterios elegidos para ser adjudicados. Además, reprocha que en más de la mitad de los procedimientos estudiados se asigne puntuación "sin suficiente motivación" o que se valoren las ofertas sin atenerse a los criterios recogidos en el pliego de condiciones. Llega a darse el caso, destaca, que se otorga "diferente puntuación a valoraciones idénticas". 


En cuanto a los criterios para asignar los contratos, lamenta que en muchos de ellos  a la oferta más baja no le corresponda una mayor puntuación, lo que impide obtener un mayor ahorro para la administración. Y critica que tampoco se valore adecuadamente la acreditación de la solvencia económica y técnica de los aspirantes. Todo ello le lleva a solicitar que se "extreme el rigor" a la hora de elaborar y revisar los pliegos.


Constata además que no ha habido negociación en ocho de los once contratos tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad, un método que recomienda utilizar de forma restrictiva ya que conlleva "una merma en los principios de publicidad y concurrencia y menor economía en el gasto público". Y advierte que, al no negociar, "no puede convertirse en un concurso simplificado o en una adjudicación directa". Igual de crítica se muestra la Cámara con la tramitación por urgencia, un método que debería ser excepcional pero que se ha seguido en uno de cada diez contratos estudiados. Y que ha respondido, según subraya, "a una falta de previsión" por las comarcas, y no a una "verdadera premura".


Como ejemplo sintomático de prácticas irregulares, la institución cita la contratación de banda ancha para centros públicos por parte de la Comunidad de Teruel y Gúdar-Javalambre, que  superaba los 200.000 euros y cuyos anuncios no se publicaron correctamente y en los que tampoco se respetaron los plazos legales. También destaca otros tres que terminaron adjudicándose por un importe superior al del precio de salida al no indicarse separadamente el IVA. 


De cara a próximos informes,  el órgano fiscalizador insta a las comarcas a una mayor colaboración, ya que casi un tercio no han remitido la relación de todos los contratos efectuados en 2011.