Las Cortes aprueban la reforma de la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular

El PSOE, que considera que "se podía haber avanzado mucho más", no ha quedado satisfecho.

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la modificación de la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular (ILP) con el voto a favor de PP y PAR y en contra de CHA e IU, mientras que el PSOE, promotor de la iniciativa, ha apoyado la parte del texto que se ha mantenido de su proposición de ley inicial, si bien se ha manifestado "decepcionado" por el resultado final. 


Los cambios que se introducen son ampliar el plazo de recogida de firmas de seis a nueve meses, prorrogables a tres más; la reducción de 15.000 a 12.000 de los apoyos necesarios para que llegue a las Cortes; la obligación de que el Parlamento se pronuncie sobre el texto dentro de la misma legislatura en que se haya presentado, y una compensación económica a los promotores de 20.000 euros. 


El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha considerado que "se podía haber avanzado mucho más" y ha criticado la posición "cicatera y miedosa" de los grupos que sostienen al Gobierno PP y PAR ya que con sus enmiendas han modificado el texto "haciendo valer su rodillo" y el resultado final "no nos satisface" ya que "pudiéndose ser una ley novedosa y actualizada, se ha quedado a mitad de camino". 


Entre otras cosas, los socialistas abogaban por pedir 10.000 firmas, por que pudiera haber apoyo de españoles residentes en el extranjero con su última vecindad en Aragón y de extranjeros con derecho a sufragio en las elecciones municipales en la Comunidad, por que los ayuntamientos pudieran promover una ILP y no solo los ciudadanos, y por reducir las materias excluidas. 


En total, el texto ha recibido 72 enmiendas, 38 de CHA, de las que se han aprobado 10, 12 de IU, con dos aceptadas, y 17 de PP y PAR conjuntas --una retirada y 16 aprobadas--. La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha opinado que esta reforma supone una "mejora sustancial" porque "facilita el trámite", se reduce la cantidad de firmas, se amplía las materias objeto de ILP y se introducen las nuevas tecnologías permitiendo la firma electrónica. 


Asimismo, ha sostenido que en una pluralidad democrática un "acuerdo de mayorías" otorga "legitimidad suficiente", para argumentar que las entidades locales "no son la representación directa de los ciudadanos" y la legislación de materias relativas a las  instituciones debe depender de las Cortes de Aragón.