A diferencia de la comisión que investiga la gestión de la CAI, que ya ha reanudado sus trabajos, la constituida para analizar las posibles responsabilidades políticas derivadas de la gestión del proyecto de la plataforma logística Plaza no ha retomado su actividad tras el parón veraniego, y tampoco tiene aún fecha para hacerlo, aunque su coordinador, Antonio Torres (PP), confió ayer en poder fijarla en breve, previsiblemente antes de que acabe este mes.

La comisión retomará su andadura con múltiples cuestiones por decidir, ya que los representantes de los grupos de CHA e IU en este órgano ya han anunciado que se plantean solicitar más comparecencias antes de dar paso a la fase de conclusiones. Y lo hacen a la vista tanto de las novedades que siguen llegando de los juzgados como de las decenas de comparecientes que declararon ante la comisión entre junio y julio, aunque algunos de ellos evitaron dar explicaciones argumentando que estaban imputados.

Pero desde entonces ha habido novedades en los tribunales, que recientemente sobreseyeron los sumarios de los casos Apartadero y Caladero, por lo que Patricia Luquin, de IU, afirmó ayer que su grupo está "considerando seriamente" tanto reclamar de nuevo la presencia de quienes ya pasaron por la comisión "y no contestaron por estar imputados" como de otras personas relacionadas con el proyecto como el gerente actual, técnicos y asesores. Conocer sus aportaciones, dijo "sería interesante y necesario". Luquin recordó que su grupo tenía "muy claro" que las comparecencias que se desarrollaron antes de las vacaciones "eran una primera fase".

Y tras hacerse público el nuevo informe policial que implica directamente al exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno socialista, Carlos Esco, la diputada de IU volvió a mostrar su preocupación, ya que en la documentación ahora conocida "se habla de la consejería y por lo tanto, de cargos públicos con responsabilidades políticas". "Si es cierto, van a tener que dar muchas explicaciones", advirtió, al tiempo que recordó que durante las comparecencias "todos los miembros de los consejos de administración dijeron que les parecía normal que los concursos siempre se adjudicaran a la misma empresa". Ante todo ello, Luquin pidió que vuelva a convocarse la comisión "a la mayor brevedad posible".

También urgió que se retomen los trabajos José Luis Soro de CHA, para quien las nuevas pesquisas policiales "confirman las sospechas de que había cuestiones amañadas". "Hay una responsabilidad clarísima en el ámbito penal y en la comisión habrá que determinar las políticas", añadió, al tiempo que dejó claro que su formación no aceptará "que se intente cerrar en falso sin exigencias de responsabilidades, porque no puede ser que no pase nada". Soro tampoco descartó ayer pedir "más documentación y más comparecencias" en el seno de este órgano.

Mientras, el líder de la oposición y secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán mostró, ante las últimas noticias que salpican a su compañero de partido, su "respeto absoluto y apoyo al trabajo de la Justicia y de la comisión de investigación creada, casi a instancias del PSOE, que –destacó– quiso disipar cualquier tipo de duda sobre la actitud del partido, que en los asuntos relacionados con irregularidades y corrupción es la de investigar hasta el final, caiga quien caiga". Este fue uno de los temas que abordaron en la primera reunión del curso de su grupo parlamentario. No se plantean pedir más declaraciones al considerar que han acudido "todos los que tenían que hablar".

Torres, por su parte, no quiso valorar las actuaciones judiciales, pero sí resaltó que "la documentación y las declaraciones" de la comisión "evidencian que hay responsabilidades políticas por encima de la gerencia de Plaza"

El PAR, socio de gobierno del PSOE en el periodo investigado, reiteró su "respeto a las actuaciones de la Justicia y los cuerpos policiales y la importancia de que todo se esclarezca cuanto antes".