Sheyla es una zaragozana de 24 años, con dos hijos de 6 y 2 años, que vive desde febrero en un piso que estaba vacío en La Almozara. "No me gusta esta situación, pero es que no tengo otra opción. El día antes de que me desahuciaran porque no podía pagar el alquiler empecé a bajar nuestras cosas y me quedé con mis dos hijos en el portal, sin saber qué hacer ni tener un lugar a donde ir –recuerda–. Entonces se dio la casualidad, porque yo creo que hay alguien ahí arriba, de que unas personas del mismo bloque se marchaban. Me dijeron: “Nosotros nos vamos, pero si quieres, coge las llaves”. Me imagino que estarían en una situación parecida a la nuestra, pero no pregunté. En cualquier caso, no lo dudé y me metí".

El piso en el que se encuentra es propiedad de un banco que, por el momento, no ha solicitado una orden de desalojo, aunque Sheyla dice que la entidad sí que es consciente de que están viviendo allí sin autorización. Ella tenía un empleo en la hostelería hasta 2010, cuando se quedaron en el paro tanto él como su pareja. Empezó a cobrar el desempleo y con eso siguió pagando un alquiler que era de 375 euros y otros 40 de comunidad. Pero cuando se le acabó, y pese a que asegura que tanto ella como el padre de sus hijos no pararon de echar currículums –siguen haciéndolo–, se quedaron con un único ingreso: una paga de orfandad de 436 euros que se le acabará el año que viene, cuando cumpla los 25.

"Con ese dinero, tenía que elegir: la comida o el alquiler. Al final acumulamos ocho meses sin pagar a los propietarios –unos particulares– y nos marchamos el día antes de ejecutarse la orden de desahucio". También consiguen algo de dinero de la economía sumergida, sobre todo su pareja, que en ocasiones le echa una mano a un pintor autónomo y vende algún cachivache que se encuentra por la calle cuando va paseando. "No me meto en contenedores ni rebusco. Pero a veces encuentras cosas abandonadas en la calle, el otro día por ejemplo unos altavoces. Con eso algún domingo consigo sacar unos 20 euros vendiéndolo en el Rastro", explica Enrique.

"A mí me encantaría que me cobraran un alquiler –continúa Sheyla–, pero que esté adaptado a lo que ingreso. Me parecería lógico que el día que yo encontrara un trabajo me lo subieran, pero cuando apenas tienes ingresos no te pueden pedir 300 euros. Es imposible pagarlo". Añade que no puede irse a otro sitio porque con el dinero que tiene no puede pagarse un precio normal, ya que entonces se quedaría casi sin margen para otros gastos, "como la propia comida".

El piso donde vive Sheyla es una de las 12 viviendas sueltas que Stop Desahucios Zaragoza acaba de "recuperar" dentro de lo que llaman su ‘obra social’ que, inspirada en la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), consiste en defender que familias en riesgo de exclusión social utilicen casas vacías de entidades financieras –especialmente del banco malo– e inmobiliarias. "En ningún caso se está hablando de viviendas que arriendan particulares", aclara Raquel de la Riva, de Stop Desahucios. Este ‘programa’ se anunció oficialmente hace un par de meses con la "recuperación"de un bloque de viviendas entero en El Gancho, donde están viviendo ocho familias, y que es propiedad de la Sareb.864 desahucios por alquiler

De la Riva señala que tomaron esta decisión "después de tener que crear en enero una asamblea específica para casos de desahucio por alquiler, en los que hay tanto gente al borde del lanzamiento como otros que se han quedado ya en la calle". "Las familias en estas situaciones de extrema vulnerabilidad están aumentando y cada semana llegan a la asamblea tres o cuatro casos nuevos", denuncia. Según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado se produjeron 864 desalojos forzosos por impago de alquiler solo en la provincia de Zaragoza, frente a los 540 por hipoteca. 

No obstante, De la Riva niega que Stop Desahucios haya ocupado viviendas –solo defiende a las familias y las asesora–, ya que cuando estas familias llegaron a la asamblea ya traían estos problemas. "Los que entran en la obra social son deudores de buena fe y que están muy afectados por la crisis:sin vivienda y sin capacidad económica para tenerla. Además –continúa–, todas ellas están siendo atendidas por los servicios sociales y son solicitantes de una vivienda pública, en régimen de alquiler social, tanto del Ayuntamiento como de la DGA". Este es, de hecho, el caso de Sheyla. 

En este sentido, De la Riva insiste en que "los programas de vivienda pública apenas están dotados y son insuficientes para todas las familias que están en una situación de emergencia social". Esta plataforma defiende que todos los pisos vacíos en manos de la Sareb deberían pasar al parque público de viviendas.