El Gobierno aragonés se ha dado de plazo hasta septiembre para decidir si demanda al Ministerio de Justicia por el incumplimiento de uno de sus últimos compromisos: utilizar la recaudación obtenida con las nuevas tasas judiciales para ayudar a las comunidades autónomas a sufragar el incremento de gasto en asistencia jurídica gratuita. La DGA cifra en 1,2 millones de euros lo que le ha supuesto la decisión de Madrid de ampliar la lista de beneficiarios de este servicio. Sin embargo, el ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón considera que esta cantidad "se desvía" demasiado de las que están presentando el resto de territorios y quiere revisar las cuentas que ha hecho el Ejecutivo autonómico.

La DGA decidirá en las próximas semanas si presenta o no una demanda contencioso-administrativa, porque será precisamente en septiembre cuando se celebre la próxima conferencia sectorial de Justicia. Y, para entonces, el Gobierno aragonés prevé que Madrid ya haya revisado los números que ha presentado la Consejería de Justicia y tenga una propuesta en firme. En cualquier caso, fuentes del departamento que dirige Roberto Bermúdez de Castro aseguran que si no se cumplen las expectativas el asunto acabará en los tribunales.

Fue la directora general de Justicia, Tomasa Hernández, la que el pasado 5 de junio escribió al subsecretario de Estado Juan Bravo recordándole que en 2013 el gasto efectivo destinado a asistencia jurídica gratuita aumentó un 28,49%. En ese mismo escrito, le explicaba que al reformar la ley y ampliar el abanico de beneficiarios la DGA tuvo que tramitar 3.651 expedientes más de justicia gratuita que en 2012. Y es precisamente el gasto que han supuesto esos nuevos casos el que ahora reclama la administración autónomica a Madrid.

Según ha podido saber HERALDO, el Ministerio de Justicia ha contestado ya a aquella carta y en ella reitera su intención de destinar los ingresos de las tasas judiciales a sufragar el gasto que ha supuesto el repunte de los expedientes de justicia gratuita. Sin embargo, Madrid recuerda que a la hora de compensar a las distintas comunidades se fijó como tope máximo el triple de la desviación media que se haya producido en todo el territorio nacional. Y según señala el subsecretario de estado de Justicia, los 1,2 millones que reclama Aragón están por encima "no solo de las comunidades gestionadas por el Ministerio, sino de muchas de las que tienen las competencias transferidas".

En cualquier caso, Juan Bravo se muestra dispuesto a analizar "detalladamente" las causas que han supuesto semejante incremento de gasto en Aragón "a fin de determinar en qué medida la nueva regulación puede haber influido en una evolución tan diferente".