Bielsa, Plan y Sahún siguen sin firmar los convenios por desacuerdos con el Ejecutivo

Tres de los 62 municipios incluidos en el Plan de Depuración del Pirineo todavía no han firmado con el Gobierno de Aragón los convenios para la construcción de sus respectivas instalaciones. Se trata de Bielsa, Sahún y Plan, pero el director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, recordó que "no se obliga a los ayuntamientos" a suscribir estos acuerdos para el saneamiento de las aguas, que de hecho es una competencia municipal aunque delegada por la mayoría en el IAA.

De los tres, el caso más complejo y que genera mayor "preocupación" es para Cajal el de Sahún, ya que el consistorio rechaza la ubicación en su término de la estación que estaba previsto que compartieran con Benasque. Y depurar los residuos de esta localidad es una de las prioridades del Ejecutivo aragonés, ya que "es uno de los núcleos que corre prisa por su volumen de población".

Ante esta situación, se ha decidido finalmente que se construirá una depuradora para Benasque y un colector en el núcleo de Anciles que irá a parar a esta, tal y como ya se ha comunicado al ayuntamiento, comentó Alfredo Cajal, quien añadió que en Sahún se actuará en su momento para conseguir "un tratamiento adecuado" a sus circunstancias –en el plan que se acaba de actualizar se recoge que tendrá depuradora–. 

En el caso del Bielsa, tiene planteado un contencioso contra el Ejecutivo autonómico y su consistorio no recauda el canon de saneamiento (ahora impuesto sobre la contaminación de aguas), lo que le ha valido quedarse los dos últimos años sin el dinero que debía recibir de los fondos de cooperación local para compensar la deuda generada. Muchos otros se muestran en desacuerdo, pero la mayoría delos ayuntamientos ha acabado por pasar los recibos del impuesto que cobra la DGA, ante la amenaza del bloqueo de partidas económicas. Los últimos en plantarse y declarase "objetores fiscales" han sido los vecinos del núcleo de Aineto, en Sabiñánigo, que alegan que hace dos décadas desarrollaron su propio sistema de depuración.

Los conflictos con los ayuntamientos por este motivo acabarán el 1 de enero de 2016, cuando la propia DGA empezará a girar los cobros. De momento, ya se trabaja en el borrador para modificar la ley de gestión del agua y han empezado las labores para habilitar el "complejo" sistema informático que gestionará la recaudación de unos tres millones de recibos al año, explicó Alfredo Cajal. "Es un impuesto solidario para que no cueste más en un lugar que en otro, porque si no es así en Aragón no se puede depurar", defendió, al tiempo que recordó que "no sirve cualquier sistema".

Adelpa sí valora positivamente el cobro por parte del IAA y las bonificaciones del 75% en poblaciones con menos de 200 habitantes y del 60% a las localidades con más ciudadanos, pero sin depuradora.