Un estudio de 180 accidentes desvela que en el 35% de los atestados hay errores

"Si seguimos la tesis oficial, el juez nos hace caso, pero si contradecimos los atestados, no. Encontramos defectos objetivos en los informes de los accidentes desde la búsqueda de los datos y aportamos una crítica constructiva", apuntan los ingenieros aragoneses Alberto Iglesia Pulla y Juan José Alba, que se dedican hace 10 y 20 años, respectivamente, a investigar accidentes de tráfico. Iglesia Pulla acaba de presentar su tesis doctoral, dirigida por Alba, en la que han estudiado 180 siniestros, la mayoría de los cuales ocurrieron en Aragón. "En el 65% de los atestados estamos de acuerdo, pero en un 35% hay errores objetivos en los que admiten graduación. Hay algunos muy graves, que llegan a cambiar el accidente y otros son graves pero no modifican cómo ocurrió", concluye el ingeniero y abogado Alberto Iglesia. 

El estudio busca "la verdad técnica", por encima de "la verdad judicial", basada en "la presunción de la veracidad", sostiene Juan José Alba. Y en esa coyuntura, proponen que la Guardia Civil de Tráfico tenga ayuda externa para la investigación de los siniestros en la toma de datos con ingenieros y forenses. "Deben evitarse que se elaboren atestados incompletos o incorrectos. La calidad de estos documentos, que son la base sobre la que trabajan los distintos profesionales que intervienen (peritos, tramitadores de siniestros de compañía de seguros, abogados, fiscales y jueces) debe ser uniforme. La calidad y cantidad de los datos condiciona la calidad y cantidad de la investigación del accidente", resume Alberto Iglesia para explicar la necesidad de que se cree un nuevo protocolo de toma de datos para la elaboración de atestados. Asimismo, propone que se genere un cuerpo de ingenieros forenses del Estado, integrado por expertos en accidentes de tráfico, que elaboren un dictamen sobre las causas y posibles responsables mientras que los equipos de atestados mantengan la competencia exclusiva de la toma de datos.

La tesis sostiene además entre las conclusiones que es necesario que los jueces y los fiscales se sometan a un plan de formación en la valoración de informes de investigación de accidentes. La problemática que generan "por el número de víctimas y su repercusión económica", Iglesia sugiere que los jueces contaran con "técnicos auxiliares especialistas en reconstrucción de accidentes".Cajas negras en los vehículos

Ante la evolución técnica que han sufrido los vehículos como supone el sistema antibloqueo de frenos (ABS), pero consideran que "las evidencias físicas en la escena de los accidentes han disminuido". La mejor manera de que la sofisticación de la tecnología de los coches y sus costes decrecientes para adquirirlos se instalen cajas negras que almacenen información sobre las colisiones. "Ayudan en la investigación acerca de las causas de los accidentes y los mecanismos de lesiones, y hacen posible una mejor identificación de los problemas de seguridad", concluye la tesis.

Si se instalaran estos aparatos, como propone la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), una agencia dependiente del gobierno de los Estados Unidos, a partir del 1 de septiembre, determinaría la responsabilidad en caso de accidente. Pero en el futuro, las compañías aseguradoras están preocupadas si se utilizaran los datos recogidos por las cajas negras (conocidas como Event Data Recorder, EDR) tenga que operar como condición indispensable la cobertura de la póliza en los juicios de siniestros.

Pero si en Estados Unidos va rápida esta propuesta, en el ámbito europeo se ha quedado en examinar el valor añadido que supondría al coste del vehículo. La tesis propone que España "debería adelantarse y establecer la obligatoriedad de instalar los EDRen todos los turismos". Así, los Equipos de Atestados podrían descargar los datos registrados de los vehículos accidentados y luego serían analizados e interpretados por técnicos expertos en investigación de siniestros. El derecho de las víctimas

Para justificar esta investigación, Alberto Iglesia sostiene que todas las víctimas por accidente y sus familias tienen "el derecho de conocer por qué se produjo el accidente; saber qué falló y originó ese accidente concreto; si alguien actuó negligentemente a nivel personal; conocer si las circunstancias que generaron el siniestro pudiera haber sido evitado". "Tanto en el accidente del autobús que se cobra veinte vidas como en el accidente del ciclomotor en la más solitaria carretera", sostiene. Aunque el factor humano es la causa principal en la tesis, hay otras secundarias asociadas al estado de la vía o del vehículo.