Al inmigrante nigeriano Paul Edionseri la alegría de tener una segunda hija se le empañó tras acudir al servicio de Extranjería para hacer una consulta sobre su situación legal. En ese momento se descubrió que tenía antecedentes penales, por los que podía ser expulsado, según explican fuentes familiares.

La Asociación de Nigerianos de Aragón ha convocado este jueves una concentración en la plaza de Paraíso a las 18.00 para pedir que su compatriota no sea deportado. Un hecho que podría ocurrir en cualquier momento, puesto que Paul ya se encuentra en el CIE de Aluche, a la espera de que encuentren una plaza de avión para devolverle a su país.

Paul entró de manera legal en España en 1999. Durante los siguientes nueve años estuvo trabajando "en lo que pudo", como albañil o repartidor, según explica su abogado. Pero en 2005 se le había acabado el permiso de residencia y tuvo que volver a solicitarlo. Tras cinco años de espera, un tribunal se lo concedió por silencio administrativo, pero todavía tuvieron que pasar dos más para que se hiciese efectivo.

Entre medias, Paul se quedó sin trabajo en 2008. En 2011 cometió una estafa y, después de un año de prisión preventiva y de abonar la responsabilidad civil derivada, fue condenado a dos años de cárcel, por lo que se le puso en libertad.

El año pasado, Paul por fin accedió al permiso de residencia, sin que sus antecedentes supusiesen un problema. Además, al tener cotizados 9 años en la Seguridad Social le correspondió cobrar el subsidio de desempleo, que en la actualidad es de 430 euros. "Con él, vive su familia: su mujer y dos hijas", la menor nacida el pasado 31 de julio, que en este momento se han desplazado a Madrid, según explica Friday Agho desde la Asociación Nigeriana de Aragón.

El decreto de expulsión llegó el pasado 2 de julio y fue recurrido, pero el pasado viernes el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza lo desestimó. Esta semana fue detenido y desde entonces permanece en el CIE a la espera de que se haga efectivo.

La Ley de Extranjería establece que un inmigrante puede ser expulsado del país si tiene antecedentes penales, aunque en el caso de que hayan vivido más de 5 años en el país hay que tener en cuenta sus vínculos y las consecuencias para sus familiares.