Todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por las afecciones que causaron las riadas de 2013 se han presentado contra la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sin embargo, la CHE las ha derivado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que sea esta administración quien las resuelva. Lo ha hecho argumentando que las demandas hacen referencia al dominio público hidráulico y a daños no derivados del ejercicio de sus competencias.

Si, como es previsible, el Ministerio rechaza las reclamaciones en la vía administrativa, aquellos afectados que quieran seguir litigando en los tribunales tendrán que presentar un contencioso en la Audiencia Nacional –en caso de que las hubiera tramitado la Confederación, el recurso se tendría que interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón–.

Aunque la CHE no va a resolver las demandas de indemnización, sus servicios jurídicos sí han informado sobre ellas remitiendo al Ministerio distintos dictámenes que rechazan que los reclamantes tengan que ser resarcidos económicamente.Los argumentos de la CHE

En su informe sobre la demanda del Sindicato Central de la Presa de Pina, la Confederación alega que la riada del Ebro de enero de 2013 fue «un fenómeno de fuerza mayor» que se quedó en avenida ordinaria gracias a las maniobras en los embalses de Yesa e Itoiz. La CHE destaca que, sin esa actuación, el río habría llevado 1.000 m3/s más en Navarra y 700 m3/s más aguas arriba de Zaragoza y que de esos datos «se deduce que ninguna responsabilidad cabe imputar a la administración». 

El organismo de cuenca también recalca que «la doctrina del Consejo de Estado no considera que en estos casos de fenómenos naturales exista nexo causal entre el daño y el actuar de la administración hidráulica, recordando el Consejo que las confederaciones no tienen entre sus tareas preceptivas el mantenimiento constante (...) de los cauces». Además, cita informes del Defensor del Pueblo que afirman que «las funciones de los organismos de cuenca (...) no incluyen (...) obligaciones en materia de limpieza de cauces en defensa del territorio frente a inundaciones». 

La Confederación defiende que en las reclamaciones no consta una acción u omisión concreta del organismo de cuenca que justifique las mismas y recuerda que «cualquier actuación en el cauce» encuentra importantes restricciones ambientales que son «especialmente intensas» en la mayor parte del tramo aragonés del Ebro «por voluntad del legislador aragonés», que lo declaró Red Natura 2000. 

A todos estos argumentos, la CHE añade que parte de los terrenos incluidos en las reclamaciones no se inundaron y que otra parte están dentro del dominio hidráulico probable, por lo que sus titulares «deben soportar» las consecuencias de las riadas.