El juez Ismael Moreno concluyó la instrucción del caso Mauthausen el pasado 14 de abril después de seis años de proceso y ninguno de los cinco criminales nazis procesados por la Audiencia Nacional (Johann Leprich, Anton Tittjung, Theodor Szehinskyi, los tres con vida, y Josias Kumpf y John Demjamjuk, ambos fallecidos en 2009 y 2012) se han podido sentar todavía en un banquillo en España. 

La aprobación de la ley de la Justicia Universal del Gobierno del PP afectó al proceso y por eso el titular del Juzgado de Instrucción 2 remitió el sumario a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre si resiste o no en una fecha tan señalada para los 10.000 españoles que estuvieron en los campos de concentración (1.100 de ellos aragoneses), que son las víctimas afectadas en este proceso. Los magistrados de esta Sala que preside Fernando Grande Marlaska fijaron la votación del veredicto del caso Mauthausen el pasado 18 julio, otra fecha singular para las víctimas que se exiliaron de España por la Guerra Civil, pero al final se suspendió y se pospuso hasta el próximo 3 de octubre.

«Este caso no es de justicia universal, sino que las víctimas españolas estuvieron en campos de concentración y si no son veladas en un caso así, la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental de la Constitución, no se cumple», sostiene Goyo Dionis, abogado del grupo Nifkor. Este presentó la querella en 2008 ante la Audiencia Nacional, vio cómo se dictaban órdenes de búsqueda internacional en 2009 para acudir al juicio en Múnich de uno de ellos (John Demjanjuk), condenado y fallecido, y, cuando todo estaba dispuesto para recibir a un criminal nazi que estaba en Estados Unidos, el proceso se paró.

«Todos los querellados perdieron la ciudadanía estadounidense después de que los tribunales competentes de este país revocaran sus respectivos certificados de naturalización sobre la base de su participación en la persecución de personas por motivos de raza, religión, origen nacional, u opiniones políticas bajo la dirección, o en asociación con, el Gobierno nazi de Alemania», alega el equipo Nifkor ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En esa coyuntura, los cuatro querellados se encontraban en medio del procedimiento de ‘removal’ en los Estados Unidos cuando se interpuso la querella inicial, y cuando se amplió al quinto todos eran «susceptibles de ser entregados a las autoridades españolas y de encontrarse en territorio español». Dionis insistió ante la Audiencia Nacional en que no hacía falta un proceso de extradición sino que bastaba con expedir la tarjeta de viaje para la entrega de uno de los criminales nazis de Estados Unidos a España.

Cuando la administración de Obama envió a Johan Demjanjuk a finales de 2009 a la Fiscalía de Múnich para sentarlo en un banquillo, el Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional emitió la Orden Europea de Detención y Entrega de España. El fiscal germano reclamó más información sobre el motivo contra el acusado y que aportaran información más concreta sobre cuándo y de qué forma el reclamado participó en la muerte de qué personas. El juez Moreno no vio necesario mandar esos datos en un auto dictado el 24 de junio de 2011. A pesar de que Demjanjuk fue condenado a cinco años por la Audiencia de Múnich, no los cumplió en una prisión y el 20 de abril de 2012 murió a los 91 años en una residencia de ancianos en Alemania. «Hemos llegado tarde al caso de Mauthausen porque son muy mayores», confesó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. «Táctica dilatoria del juez»

Pero «la táctica dilatoria» en el Juzgado de Instrucción 2 ha servido para que no se siente ningún criminal nazi de los procesados en el banquillo de la Audiencia Nacional, sostiene Goyo Dionis. «La Embajada de Estados Unidos en España remitió una comunicación escrita al juzgado el 2 de marzo de 2013, en la que informa fehacientemente de que mediante la recepción por parte de las autoridades estadounidenses del correspondiente título de viaje el procesado puede ser deportado a España», argumenta la acusación.

De esa información de EE. UU. habrá transcurrido un año y medio cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida el próximo 3 de octubre si el caso está archivado o no. En todo este tiempo, Jesús Tello, un preso aragonés de Mauthausen, declaró en el juzgado en 2009 y falleció en febrero de 2013. Su testimonio de lo que vivió en ese campo de concentración se quedó en el sumario, como el de su compañero cántabro Ramiro Santisteban.