Oliván dice que los servicios son ya casi la mitad de las prestaciones a dependientes

El Gobierno de Aragón ha reducido en lo que va de legislatura las prestaciones económicas vinculadas a la Ley de Dependencia para cuidados en el entorno familiar en un 9%, el mismo porcentaje en el que se han incrementado los servicios a los beneficiarios. Así lo destaca el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, que considera que «el compromiso» del Ejecutivo PP-PAR con la atención a los dependientes «no puede ser puesto en duda».

En una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por la diputada socialista María Victoria Broto, sobre los «graves problemas» que está generando a los beneficiarios y sus familias la no aplicación de la ley, Oliván destaca las medidas y «mejoras» introducidas para «lograr un cambio estructural en el Sistema de Atención a la Dependencia basado en un modelo de servicios», con el fin de aumentar la asistencia especializada en detrimento de las ayudas para cuidados por parte de las familias. En 2011, estas suponían un 63,26% de las prestaciones, y actualmente han caído hasta el 54,30%. Por contra, los servicios (alojamiento en residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia...) han pasado de representar un 36,75% del total de prestaciones cuando el Gobierno del PP-PAR accedió al Pignatelli a suponer un 45,70%. 

Según los últimos datos oficiales del Imserso, a 30 de junio, 9.683 aragoneses percibían ayudas para ser atendidos por sus familiares, mientras que 8.151 eran beneficiarios de alguno de los servicios disponibles. Estos servicios son precisamente los que se han visto afectados por la modificación en el copago, que entró en vigor en noviembre pero se acaba de empezar a aplicar, tras actualizar las cuotas que cada usuario debe abonar en función no solo de su renta, como ocurría hasta ahora, sino también de su patrimonio. Ello ha supuesto que algunos beneficiarios tengan que pagar hasta más de doble por una plaza en una residencia pública, por ejemplo. Además, en los próximos meses deberán hacer frente a los retrasos que les reclama la Administración por las cuotas desde la entrada en vigor de la medida o bien desde su acceso al servicio, si fue posterior.

En un contexto de «contención del gasto y no posibilidad de endeudamiento», el consejero recuerda la necesidad de «seguir prestando la atención y los servicios que se están proporcionando a las personas en situación de dependencia». Pero, advierte, debe hacerse «desde el rigor en la gestión de los recursos económicos disponibles».

Y para que el sistema «sea sostenible», asegura en su respuesta, «no se han dejado de implementar medidas que den soporte, seguridad y sostenibilidad a un sistema de atención que, tanto por imperativo legal, como por convencimiento, tenga como respuesta a las necesidades de las personas dependientes unos servicios de calidad». Oliván los define como los «prestados por profesionales cualificados y de acuerdo a la prescripción singular que se realiza a cada situación».