Las ingentes cantidades de papel que se acumulan en los servicios de contratación del Gobierno de Aragón, los viajes para presentar las ofertas o los envíos por correo de las mismas podrían pasar a la historia en unos meses. Como primer paso para lograr estos objetivos, el Departamento de Hacienda y Administración Pública pondrá en marcha antes de que acabe este año un proyecto piloto de licitación pública electrónica. 

Con este sistema se espera lograr un ahorro tanto de tiempo como dinero. En concreto, se estima que el coste de estos procesos para la Administración podría reducirse entre un 5% y un 20% con la aplicación de esta medida, que además mejora la comunicación con los proveedores, simplifica el proceso y aligera las cargas de trabajo asociadas a la preparación de los diferentes concursos.Con un software ya existente

Fuentes de la consejería que dirige Javier Campoy explicaron que la intención es activar inicialmente el nuevo sistema durante un periodo de seis meses «para determinado tipo y número de expedientes de contratación», para posteriormente analizar su funcionamiento y hacer las mejoras que se consideren oportunas. Precisamente el hecho de que se haya decidido inicialmente limitar la experiencia en el tiempo es lo que ha determinado el tipo de herramienta informática que se utilizará para ello. 

Según las mismas fuentes, existían dos alternativas para desarrollar esta iniciativa: un modelo con inversión propia o bien un software ya existente. La primera supondría instalar una plataforma que dé servicio a todas las unidades administrativas y organismos públicos de la DGA, si bien requeriría de una gran inversión inicial y un largo plazo de implantación. 

Por estos motivos, se ha decidido optar por la segunda, contratando los servicios de una de las plataformas de licitación electrónica ya existentes, lo que rebaja considerablemente el coste -el Gobierno de Aragón no tiene que asumir la instalación de la infraestructura de sistemas-, teniendo en cuenta además que se quiere implantar de forma inminente y que el balance de estos meses de prueba determinará cuál es la mejor solución a largo plazo. 

Con estas premisas, el Departamento de Hacienda ha sacado a concurso la contratación del sistema de licitación electrónica a través de una plataforma de software como servicio, con presupuesto de 48.400 euros, IVA incluido. No obstante, el pliego de condiciones deja abierta la posibilidad de una prórroga del contrato por otros seis meses, «conforme a la experiencia adquirida y otras circunstancias de carácter técnico o económico que en su momento puedan considerarse». En este caso, el presupuesto base de licitación sería de 71.390 euros.

En todo caso, en la propuesta de contratación se destaca que la decisión de optar por el software «no impide que, en un futuro, con otra coyuntura económica, pueda apostarse por el modelo de inversión propia».Será obligatorio en la UE

De esta forma, Aragón pretende empezar a adaptarse a las nuevas directivas de contratación pública y concesiones que aprobó el Parlamento Europeo el pasado mes de enero. Según estas normas, vencido el plazo de transposición, todas las entidades contratantes de los países de la Unión tendrán la obligación de utilizar medios electrónicos para anunciar los procesos de contratación, recibir las ofertas de las empresas licitadoras o realizar las notificaciones propias de cualquier concurso público. 

En este sentido, se ha podido comprobar en los casos de estudios documentados por la Comisión Europea, el empleo de medios electrónicos en los procesos de contratación pública reduce el coste de contratación entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Esto significa que, siendo conservadores, las administraciones públicas españolas podrían ahorrar en torno a 7.800 millones de euros anuales.

Aunque el Gobierno de Aragón todavía no dispone de una estimación de lo que se reduciría el gasto de consolidarse este sistema,  un estudio elaborado en 2010 por la multinacional Vortal, especializada en el desarrollo de plataformas de contratación pública electrónica, cifraba la posibilidad de ahorrar en la Comunidad 43 millones de euros al año (según los cálculos basados en datos de 2008 del Registro Público de Contratos, del entonces Ministerio de Economía y Hacienda).