Los pueblos mineros buscan 'vida' en otros sectores
16 localidades aragonesas se beneficiarán de nuevas ayudas del Gobierno para potenciar su tejido empresarial y fomentar el empleo en estas zonas.
El sector de la minería ha dejado de ser para muchos municipios aragoneses su principal medio de vida. Por ello, tanto implicados como responsables políticos aunan fuerzas para caminar hacia otro modelo económico que preserve la vida en estos municipios.
Tras varios años esperando un nuevo plan de apoyo a la minería, el Gobierno Central ha aprobado el Marco de Actuación para el período 2013 - 2018 del que se van a beneficiar 16 municipios aragoneses.
El régimen incluye dos líneas de ayudas dirigidas a potenciar los territorios afectados por el declive del sector del carbón. Una noticia que responsables políticos y sindicatos han calificado de "muy positiva". Las comarcas mineras aragonesas tendrán acceso ayudas destinadas a la rehabilitación de zonas degradadas por las actividades de explotación, que pueden suponer un riesgo, y la ejecución de proyectos de infraestructuras con el fin de estimular las iniciativas empresariales alternativas y fomentar el empleo.
Un impulso para la creación de empresas
Excepto Mequinenza, todo los municipios subvencionados pertenecen a la provincia de Teruel. Son Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Alloza, Andorra, Ariño, Calanda, Cañizar del Olivar, Castellote, Escucha, Estercuel, Foz-Calanda, Gargallo, Montalbán, Palomar de Arroyos y Utrillas.
En este último han acogido la nueva medida con entusiasmo. Su alcalde, Francisco Vilar asegura que "supondrá un impulso para revitalizar la actividad empresarial de la zona, crear empleo y sobre todo evitar que la gente tenga que marcharse". Y más desde que en 2003 cerrarán sus últimas explotaciones. "Hace más de 20 años que estamos luchando por reconvertir el medio de vida en Utrillas", comenta el Vilar.
Según el decreto, estás ayudas vendrían a costear mejoras en las instalaciones de los polígonos industriales, en las líneas de telecomunicaciónes, la optimización energética en edificaciones públicas y la creación de viveros de empresas y centros de desarrollo tecnológico.
Desde la comarca de las Cuencas Mineras quieren "enfocar esas ayudas en función de las necesidades reales para que repercutan verdaderamente en la población y en las empresas que vayan a permanecer en el territorio".
Asimismo, el plan, acordado entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sindicatos y empresarios, pretende conseguir una "reordenación del sector de la minería del carbón mediante el cese ordenado de las unidades de producción no competitivas y el mantenimiento de una producción de carbón autóctono competitiva".
En este aspecto, desde la secretaría de la Minería de CCOO abogan por mantener las ayudas a la producción para evitar el cierre de algunas empresas. Han recordado la situación por la que pasa la central térmica de Andorra que sufrirá movilizaciones por parte de los trabajadores a partir de septiembre. "Aunque las medidas son positivas no responden a las necesidades concretas del sector. Es necesario dar alternativas a las empresas que están cerrando con la prioridad de facilitar la recolocación de los trabajadores que llevan toda la vida en la minería y ahora se quedan sin trabajo", comenta Pedro Miñana, secretario de CCOO. Para ello apuestan por invertir en la formación de los operarios con el fin de renovar sus capacidades laborales.
Ayudas para los trabajadores despedidos
Las necesidades sociales de los trabajadores eson otra de las líneas de financiación que recoge el decreto. El Gobierno destinará una línea de ayudas a cubrir los costes laborales derivados del cierre de las empresas como prejubilaciones o indemnizaciones por despido. La última en cerrar, La Carbonífera del Ebro, gestora de la mina de Mequinenza, Compañía General Minera de Teruel S.A y S.A. Minera Catalano-Aragonesa serán las tres empresas aragonesas beneficarias.
De todas estas ayudas se verán beneficiadas siete comunidades autónomas aunque solo Aragón, Castilla La-Mancha, Castilla y León y Asturias lo harán de forma directa por existir aún "un elevado nivel de dependencia económica respecto a la industria estractiva de carbón", según recoge el texto. Para ello el Gobierno destinará 250 millones de euros.
