Las Cortes de Aragón dejan 18 iniciativas legislativas para el próximo curso político

Transparencia pública, subvenciones y participación ciudadana, entre  los proyectos de ley que se debatirán a partir de septiembre.
Durante el periodo 2013-2014 se aprobaron 9 leyes y 2 decretos ley

El diputado de CHA Gregorio Briz habla con los diputados socialistas Javier Sada y Mayte Pérez.
Las Cortes de Aragón dejan 18 iniciativas legislativas para el próximo curso político
Oliver Duch

Finalizado el curso político 2013-2014, las Cortes de Aragón han dejado para después del verano ultimar la tramitación y debatir en el pleno dieciocho iniciativas legislativas.


El nuevo periodo político que arrancará el próximo mes de septiembre (y que será el último de esta legislatura y de esta Cámara, ya que habrá elecciones autonómicas en mayo) intentará impulsar gran parte de los diez proyectos de ley y de las ocho proposiciones de ley que se han quedado sin pasar por el pleno.


Entre los proyectos de ley pendientes de aprobación se encuentran las tres normas relativas a transparencia pública y participación ciudadana, subvenciones y modificación de la ley del presidente. Estos proyectos son especialmente queridos por el Ejecutivo aragonés, que los considera piedra angular de su compromiso con los ciudadanos, ya que entiende que van a contribuir a mejorar el control sobre la Administración y que darán mayores garantías a los aragoneses sobre la gestión pública. En sus previsiones está dejarlas aprobadas antes de que llegue el mes de mayo. 


Junto a estos tres proyectos legislativos, esperan superar la fase de enmiendas las normas que regularán el ingreso aragonés de inserción (IAI), la ordenación del territorio de Aragón, el apoyo a las familias, la función pública, la caza, la prevención y protección ambiental, y la extinción de las Cámaras Agrarias y la representatividad agraria. Además, esperan su turno las proposiciones de ley referidas a la reforma del reglamento de las Cortes, la modificación de la ley que regula las iniciativas legislativas populares, la reestructuración del sector público empresarial de la Comunidad, la de aguas y ríos, la artesanía alimentaria vinculada a explotaciones agrícolas y ganaderas, la actualización de los derechos históricos de Aragón, la distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas y la que modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil.


Están también en tramitación tres ponencias especiales: la de seguimiento del derecho foral, la creada para estudiar la racionalización y simplificación de la Administración pública aragonesa y la del observatorio permanente para el seguimiento de la reorganización de la demarcación y la planta judicial. Balance

Como balance del curso político 2013-2014 –que finalizó el pasado 18 de julio con la última sesión del debate del estado de la Comunidad–, hay que mencionar que en los dos periodos de sesiones que comprende se aprobaron once iniciativas legislativas: nueve proyectos de ley y dos decretos ley. Un número similar al del curso político 2012-2013, en el que el Parlamento autonómico dio luz verde a nueve iniciativas legislativas. De julio de 2011 a junio de 2012 se aprobaron seis leyes. Este periodo hay que considerarlo especial, ya que tras los comicios de junio hubo un cambio de signo político en la Cámara y durante el primer periodo de sesiones (de julio a diciembre de 2011) no se aprobó ningún proyecto de ley.


Por lo que refiere al último curso legislativo, además de la Ley de Presupuestos y la de Medidas Fiscales y Administrativas vieron la luz las normas que coordinan las policías locales de la Comunidad, la de autoridad de profesionales sanitarios y de Servicios Sociales, la que regula el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, la que modificó la ley de montes, la de fundaciones, salud pública y la de espacios naturales protegidos.


Junto a estos proyectos se aprobaron dos decretos ley: el que convalidaba las medidas para ejecutar las dos sentencias judiciales que obligaban al Ejecutivo a convocar oposiciones en la función pública y el que facilitó la puesta en marcha del Plan Impulso.