«Hay que repensar la reforma de la ley del Poder Judicial en Aragón»

Propuso revisar los aforados al presentar la última memoria y Rudi lo planteó en el debate del Estado de la Comunidad. 

Mantengo que deben revisarse cada una de las personas aforadas porque han aumentado. Hay que lograr más operatividad. El fuero especial es un privilegio desde el proceso, pero el Código Penal se aplica igual a todos. Aquí en Aragón se hizo con quien fue presidente de la Comunidad, con un magistrado y otro alto cargo. 

Como presidente del TSJA ha convivido con la eclosión de la corrupción en Aragón: la Operación Molinos y el caso Plaza. ¿La Justicia tiene medios para afrontarla? 

Afrontar la corrupción desde la Justicia es una asignatura pendiente. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX con arreglos del XX y XXI, pero no es moderna. Un juez instructor se enfrenta a desmarañar un proceso muy complicado y cada uno de los procesados puede recurrir cada resolución y se alarga todo. Hace falta modificarlo y que el sistema sea mucho más ágil.

La Operación Molinos empezó a instruirse en 2008 y seis años después aún no se ha juzgado.

Me preocupa que la Justicia dé la sensación de que se dilata. Siempre nos reprochan que es lenta pero al ver los datos hay zonas en las que no es cierto, aunque los procesos penales se hagan largos. Y el propio imputado que se siente inocente quiere llegar pronto al juicio para no estar bajo sospecha en su vida social y profesional.

Deja la presidencia del TSJA, pero se va con la Ciudad de la Justicia y la Audiencia estrenadas. 

No es cuestión de medallas, pero en diez años que llevo de presidente hemos conseguido cosas que ni nos imaginábamos. Al hablar de la Audiencia pensábamos que no lo verían nuestros ojos y lleva un año operativa. De la Ciudad de la Justicia, el presidente del Supremo dijo que es la mejor de España. Los aragoneses tenemos que poner en valor algo bueno. Huesca va a tener en septiembre el nuevo edificio de la Audiencia y de los juzgados, mientras en Teruel se va a remodelar la parte antigua. Las sedes de Aragón son dignas para la Justicia. 

El presidente del Supremo manifestó en Zaragoza que le preocupaba la visión que daba la Justicia ante los ciudadanos, aunque los jueces están bien vistos.

Los jueces aplicamos las leyes vigentes, pero queremos ser aceptados por la ciudadanía y su percepción no es siempre buena por la lentitud y la sensibilidad de la Justicia. Debemos usar un lenguaje más comprensible y que los ciudadanos sientan que somos garantes de sus derechos.

¿Cree que el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede hacer desaparecer las audiencias y los juzgados en las cabeceras de comarca en Aragón?

La Ley Orgánica del Poder Judicial plantea mantener los tribunales superiores y que desaparezcan las audiencias provinciales, integrarlas en unos juzgados provinciales. Tiene una parte buena porque es un trabajo colegial que hace desaparecer el reino de taifas de cada juzgado, pero en un territorio amplio y poca población como Aragón, pueden desaparecer los partidos judiciales. Hay que repensar la reforma de la Ley del Poder Judicial en Aragón porque las comunicaciones no son buenas y las distancias, largas. Las personas están acostumbrados a ir a las cabeceras de comarca para resolver problemas (judiciales), pero si los eliminamos (los partidos judiciales) y se trasladan a la capital de provincia generará daños. Hay que revisarlo antes de reformar la ley.

¿El Gobierno controla al Consejo General del Poder Judicial? 

El Poder Judicial administra la Justicia y la independencia está garantizada. Nadie se inmiscuye en la labor de cada juez, ni yo ni el presidente del Supremo. Otra cosa es el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, un órgano político en el buen sentido, pero politizado porque está en función de los partidos. Debería mejorar al volver el sistema de que parte de los jueces sean elegidos por el Consejo, sin depender de los vaivenes de los partidos políticos, o bien nombrar personas con la profesión ya hecha y no aspirar a que sean reconocidos los méritos prestados. 

¿Era necesaria la ley de tasas que ha coartado a los litigantes? 

Se podía haber hecho de otra manera. La ley de tasas ha tenido efectos negativos en el recurso de casación del Derecho Foral porque tener que pagar 1.200 euros (antes 800) es imposible para personas que no tienen esa cantidad. Pero la aplicación del Derecho Aragonés se hace a través de ese recurso y (la ley de tasas) ha generado efectos no deseados.