10.000 nuevos demandantes cada año de ayudas sociales en Aragón

Lo que antes se contemplaba como un escenario inverosímil para muchas familias aragonesas, recurrir a los Servicios Sociales de la Comunidad, o acudir a las sedes de las entidades sociales en busca de cualquier tipo de ayuda, es ahora una complicada realidad para cientos de ellas. Los efectos de la crisis y la alta tasa de parados de larga duración han empujado a muchos ciudadanos que antes podían encuadrarse como familias con todas las necesidades básicas cubiertas a convertirse en nuevos demandantes de cualquier ayuda de primer orden para evitar caer en la exclusión social y económica.

Para poner número a esta situación, advertida en los últimos años por las entidades sociales, no hace falta recurrir a estimaciones ni estudios orientativos. Según recoge el borrador del Plan de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 en su capítulo 'La respuesta de los Servicios Sociales en Aragón', elaborado por el Gobierno a partir de un informe de Marea Naranja y datos del IAEST, entre 2008 y 2011 se añadieron a la lista de demandantes de los Servicios Sociales de Aragón 40.453 personas, más de 10.000 al año, aunque el borrador advierte que en los últimos años es previsible que esta cifra “haya seguido aumentando” debido al recrudecimiento de la crisis. 

El perfil del nuevo demandante, según explican desde la junta directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, “dista mucho del arquetipo de la persona afectada por algún tipo de exclusión social debido a sus circunstancias personales”, estando representado en su inmensa mayoría por ciudadanos que, siendo antes considerados personas 'normalizadas', han caído “en una espiral que les ha llevado hasta la exclusión económica”. Esto es, familias de clase media que debido a los avatares laborales tienen ahora que recurrir a las ayudas sociales para completar sus necesidades básicas.

No en vano, en Aragón, solo durante el pasado año casi 2.000 hogares se quedaron sin ningún ingreso, algo a lo que ha de sumarse el descenso sufrido por las rentas más comunes de los trabajadores de la Comunidad, que han perdido de media 800 euros en los últimos 3 años. Un cóctel explosivo que, tal y como han señalado el Gobierno y las entidades sociales en reiteradas ocasiones, ha llevado al límite el colchón de los servicios y ayudas para las personas más necesitadas con los que cuentan las tres provincias aragonesas.

Un escenario que queda reflejado en las últimas estadísticas de condiciones de vida publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, las cuales revelan que en Aragón -comunidad que hasta 2012 había salvado mejor que el resto del país la crisis- el índice de la tasa de pobreza ha pasado del 16,6% en 2011, al 19,5 el pasado año. Esto es, un incremento un 15% superior al que se ha producido en el resto de España. Más ayudas y de nueva tipología

Como resultado, durante los últimos años, pero en concreto en 2013, las entidades sociales han tenido que multiplicar sus ayudas, dirigiéndolas en muchas ocasiones hacia un tipo de usuario que no era el habitual. Cáritas distribuyó 12.309 ayudas económicas directas por un importe de 1,7 millones de euros, es decir un 47,5% más que las emitidas en 2012, implementando además ayudas que hasta ahora eran más residuales como las aportaciones para que algunas familias pudieran pagar la luz u otras facturas. Otros centros de ayuda, como los Bancos de Alimentos de Aragón, también aumentaron por segundo año consecutivo sus ayudas en un 40%.

“En ocasiones percibimos que parte de la población siente que hay personas que se aprovechan de las ayudas sociales, a lo que nosotros respondemos que no sabemos a quién le gustaría hacer la cola de un banco de alimentos o recurrir a cualquier centro al estar económica excluido”, señalan desde el Colegio Trabajadores Sociales de Aragón.

Y es que, la coyuntura actual ha hecho que hasta el Gobierno haya tenido que cambiar su legislación con respecto a las ayudas de inserción. El pasado mes de febrero la DGA aprobó la nueva ley que regula el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) hasta ahora destinado a personas con serios problemas de exclusión social, y que ahora, según se explicó en su aprobación, tendrá en cuenta también a aquellas personas cuya situación laboral les ha desgastado económicamente hasta la necesidad. Un nueva política del IAI que, no obstante, no ha sido bien recibida por los actores sociales y colectivos como Marea Naranja, que valoran que si a esta propuesta no le acompaña un aumento de la dotación económica, servirá para más bien poco.