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Madrid

El Supremo ratifica la condena al comisario Pamies por el caso Faisán


La sentencia confirma la pena de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación por el chivatazo a la banda terrorista ETA

Melchor Sáiz-pardo 19/07/2014 a las 06:00
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Ni aumentar las penas por colaboración por ETA porque los policías nunca quisieron ayudar a los terroristas ni reducirlas porque la revelación de secretos durante el chivatazo fue un delito «grave» y que, además, supuso un «grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración». El Tribunal Supremo confirmó las penas de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación que la Audiencia Nacional impuso al exjefe de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros por el soplo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.

La sala rechaza todos los recursos de todas las partes. Los de los dos imputados, que pedían su libre absolución, pero también de las acusaciones populares -la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Asociación Dignidad y Justicia, y el Partido Popular- que reclamaban que ambos fueran castigados por colaborar con ETA.

Los magistrados entienden que no es posible condenar por un delito del que ya fueron absueltos en la Audiencia Nacional, como establece la abundante doctrina del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, del Constitucional y del propio Supremo, pues ello supondría modificar los hechos probados y volver a escuchar a los acusados, algo que no está permitido en un recurso de casación. 

El Supremo dice no albergar dudas de que, efectivamente, Pamies y Ballesteros incurrieron en un delito de revelación de secretos y que lo hicieron para «favorecer el proceso de negociación» con ETA que entonces mantenía el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un soplo, afirma el fallo, que no solo afectó a «una actividad aislada sino a un entramado organizativo de difícil investigación». El chivatazo, abunda el Supremo, no fue más que una «vía subrepticia» para avisar a los terroristas que supuso «una clara quiebra de principios de actuación judicial» y que implicó «un menoscabo y entorpecimiento del servicio público», amén de «un grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración».

Para la Sala no cabe duda de que Pamies y Ballesteros «dieron a conocer a los miembros de una red de extorsión terrorista las pesquisas y futuras acciones policiales en marcha», lo que dañó la investigación. «La actuación de los dos acusados, trasladando a los sujetos investigados en una actuación policial y judicial conjunta española-francesa, con un dispositivo desplegado, información acerca de la propia operación y de las posibles detenciones, vulnera el deber específico de secreto que pesaba sobre ellos», zanja el fallo.

Sin embargo, después de los reproches a la actuación de los policías para salvar los cauces abiertos con ETA, el alto tribunal da a entender que hubiera sido lícito que la operación antiterrorista se hubiera suspendido para salvar el proceso de paz, pero siempre que no hubiese mediado un soplo. «Si los acusados, en aras de no perjudicar el proceso de paz negociado, hubieran acudido al estamento judicial o policial en cuyo seno se hubiera decidido posponer o suspender la operación, este delito de revelación de secretos no tendría vida», apunta la sentencia, que recuerda que los dos funcionarios, sin embargo, «informaron directamente» a los terroristas «a espaldas del operativo», por lo que no cabe otra sentencia que la condena por revelación. 

El fallo no ha sido unánime. Tres de los cinco magistrados que lo firman presentaron votos particulares, dos de ellos favorables a la existencia del delito de colaboración, aunque ambos consideran que no era oportuno imponerles pena alguna por ese ilícito. Alberto Barreiro esgrime que debían haber sido castigados por ayudar a ETA con la eximente del cumplimiento del deber, mientras que Miguel Colmenero sostiene que para la Audiencia Nacional debería haber existido ese delito. El voto de Andrés Martínez Arrieta arguye que el inspector Ballesteros debería haber sido absuelto al no probarse el delito de revelación.





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