Cáritas ofrece a la DGA un archivo con documentos de adopciones en los años 80
Pertenece a la asociación Maci Albayda, que se dedicó a buscar padres para niños maltratados entre 1979 y 1989 en Zaragoza.
Tenía varios pisos, una guardería y un centro de acogida para atender a chicos procedentes de los tribunales tutelares de menores
Cáritas ha ofrecido un archivo de documentos sobre las adopciones de la década de los 80 de la asociación Maci Albayda al Gobierno de Aragón para que sea catalogado y custodiado. Esta documentación lleva depositada en Cáritas desde 1989 y han intentado varias veces que el departamento de Servicios Sociales o Justicia se hicieran cargo de ella para entregársela.
Hace tres años, Cáritas informó de que guardan los documentos en su archivo, pero que no se puede utilizar. «La DGA puede guardarlos para que pueda servirle a la gente con problemas, porque es un deber moral», señaló Jaime Sanau, director de Cáritas.
La publicación de un artículo en HERALDO el pasado domingo de una chica adoptada que buscaba a su madre biológica en Zaragoza provocó que se reactivara esta solicitud de trasladar el archivo desconocido para los adoptados al Gobierno de Aragón. Cristina Jiménez Lacarra, de 29 años, nació en la Clínica Montpellier el 18 de marzo de 1985 y al día siguiente fue entregada a sus padres adoptivos en la asociación Maci Albayda. «Mi padre guarda hasta el croquis donde estaba para llegar y recogerme. Pero antes también le proporcionaron un chico maltratado que vino de Pamplona», explicó Cristina Jiménez, sorprendida por el hecho de que exista un archivo ignorado. Su caso ha sido investigado por la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza, que lo sobreseyó provisionalmente.
La asociación Maci Albayda funcionó en Zaragozaentre 1979 y 1989 para proteger a niños maltratados. Su fin primordial era la defensa del menor «desamparado y abandonado». «Buscábamos padres para niños y no niños para padres», recuerda José Luis Batalla, que fue presidente de Maci Albayda y de Cáritas.
Albayda poseía un piso para madres solteras, una guardería en la calle de Cortes de Aragón para cualquier niño y aquellos con problemas, tres viviendas-hogar para chicos procedentes del Tribunal Tutelar de Menores (uno de ellos estaba en el mismo edificio de la calle de Lagasca) y un centro de acogida para chicos entre 5 y 12 años en la calle de Porvenir.
La asociación seleccionaba a las familias idóneas para ejercer la guarda y custodia de niños confiados por los tribunales, y tenía un servicio de denuncia en defensa de los derechos del menor. Esta era su labor fundamental, pero también se dedicaron a adopciones de recién nacidos de la Clínica Montpellier cuando una madre se los confiaba. «Nosotros no cobramos a los padres por las gestiones ni por el trabajo de los profesionales y voluntarios que estaban en ella», defiende Juan Gómez de Valenzuela, coordinador de la asociación. Así responde sobre las 150.000 pesetas que abonó en tres plazos el padre de Cristina Jiménez tras llamarle tres meses después. «Madre desconocida»
El coordinador de Maci Albayda detalla que antes de la aprobación de la ley de adopción a finales de 1987, según la Ley del Registro Civil (artículo 47.1) las madres biológicas tenían el derecho de entregar a su hijo en adopción y de figurar como «madre desconocida». Luego aparecía así en el acta literal del nacimiento del niño que se inscribía en el Registro Civil.
Un miembro de la asociación le apuntaba con nombre y apellidos cualesquiera para evitar el etiquetado de ‘Expósito’ o ‘Gracia’ porque lo permitía el reglamento del Registro, y luego se cambiaba por los padres adoptivos. «El niño era entregado inmediatamente a la familia seleccionada por nuestra asociación como idónea (uno de los padres debía tener más de 30 años). Pero era de manera provisional porque la madre aún tenía un mes para reclamar a su hijo, según la ley», apunta Juan Gómez de Valenzuela. «Transcurrido ese tiempo, la familia iniciaba los trámites de adopción y era prescriptivo presentar la partida literal de nacimiento en la que constaba que el niño era de madre desconocida», agrega el coordinador. «Ahora se cruzan los derechos y un juez tendrá que resolver», agrega.
En el caso de Cristina Jiménez, su padre adoptivo la inscribió en el Registro y después acudió al notario para la escritura de la adopción plena con la mención de «madre desconocida». Pero hoy su derecho de buscar sus orígenes está por encima de la ocultación de la identidad de la madre biológica, según los juristas.
