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Aragón

Larraz, Bandrés y Bono creen que la DGA no ha politizado la gestión de las cajas

Alberto, Bandrés y Bono comparecían ante la Comisión de Investigación de las Cortes. 

Eduardo Bandrés en la comisión de investigación
Larraz, Bandrés y Bono creen que la DGA no ha politizado la gestión de las cajas
Efe

Los exconsejeros de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz y Eduardo Bandrés, así como el actual titular, Francisco Bono, han asegurado este lunes que el Ejecutivo nunca ha politizado la gestión de las cajas de ahorros. Han comparecido ante la Comisión de Investigación de las Cortes sobre CAI junto con el exrepresentante del Gobierno en la entidad, José María Bescós. 

  Larraz ha dejado claro que "el Gobierno siempre ha respetado la gestión de las cajas de ahorro y no es una cultura de partidos ni coaliciones, es una cultura del Gobierno de Aragón desde que comenzó". 

   Ha insistido en que "nunca", desde la fundación del Gobierno de Aragón se ha hecho una inspección a ninguna entidad financiera, ya que este cometido lo ha desempeñado el Banco de España. 

  Con el representante del Gobierno regional en CAI, José María Bescós, no mantuvo reuniones oficiales en las que se levantara acta "ni se me comunicó ningún problema", aunque en ocasiones "hablaríamos de aquello", en alusión a la crisis de la entidad. 

  Como han expresado los comparecientes a lo largo de las sesiones, ha dicho que la causa de la crisis de CAI fue "la exposición excesiva al crédito promotor y la participación en promotoras", es decir, que la actuación en el sector de la inversión fue "desastrosa", matizando que desconoce los métodos de control interno de la entidad: "no sé exactamente en qué partes ha fallado". 

  Fue en 2007 cuando el Banco de España realizó auditorías a todas las cajas de ahorros españolas y envió resúmenes de las aragonesas al Ejecutivo regional. Larraz recibió "a todo el mundo", tanto a los sindicatos como al personal directivo, apuntando que desde el "toque de atención" del antiguo banco emisor hubo un "movimiento" para frenar el excesivo riesgo de las entidades financieras. "No se hablaba de otra cosa más que de la burbuja inmobiliaria". 

  Larraz mantuvo reuniones "informales" tanto con el presidente como con el director general, aunque "hubo movimientos no habituales que dieron lugar a tener una relación no tan fluida como hubo al principio"."Inadecuada valoración" 

  El consejero de Economía del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2006, Eduardo Bandrés, ha atribuido la crisis de CAI, que ha rehusado tildar de fracaso, a la "inadecuada valoración" de los riesgos inmobiliarios y la "excesiva" exposición a los mismos. 

  Ha subrayado que "en ningún momento" hubo una politización de Caja Inmaculada durante su etapa y ha agregado que la presencia política en CAI se hacía en función de los acuerdos de las Cortes, matizando que el Ejecutivo sí daba unas "directrices" respecto a los objetivos que debía cumplir la obra social. 

  "No se ejerció ningún tipo de interferencia en las decisiones de orden interno ni de gestión por parte de las entidades financieras", ha proseguido Bandrés, quien ha recalcado el "escrupuloso respeto" a la autonomía en la gestión de la entidad. 

  El Gobierno sí trató de que las cajas --no solo CAI-- participaran en proyectos "importantes" de la Comunidad Autónoma, como la logística y el sector de la nieve. 

  Había una lealtad mutua entre las cajas y el Gobierno de Aragón, ha dicho Eduardo Bandrés, quien ha considerado que algunas cajas, en otras comunidades, han entrado en crisis por la "presión" de determinados Gobiernos para que participaran en operaciones de alto riesgo, lo que no ocurrió en Aragón. 

  Tras precisar que el control interno correspondía a la propia entidad, Eduardo Bandrés ha comentado que la Constitución no establece explícitamente quién tiene las funciones de control público externo, añadiendo que hay una veintena de sentencias del Tribunal Supremo que dejan claro que las competencias de regulación, disciplina, supervisión y control corresponden al Estado, que las ejecuta a través del Banco de España. 

  El exconsejero ha expuesto que el último informe que conoció de la auditora Deloitte sobre CAI, emitido en 2005, expresaba que el beneficio neto era de 65 millones de euros y la tasa de morosidad del 0,48 por ciento, mientras que la cobertura sobre dudosos era de 29 millones y los fondos para insolvencia se elevaban a 115 millones. 

  Además el informe dice que las cuentas de CAI "reflejan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2005" y "no teníamos elementos de duda para poner en tela de juicio que pudiera estar equivocada" la auditoría. 

  A lo largo de su mandato, Bandrés no tuvo conocimiento de que hubiera "una mala praxis" en CAI. Por otro lado, desconocía cuáles eran las condiciones de indemnización de los directivos por el cese de su actividad laboral. 

 En su etapa no se enviaron informes al

Gobierno regional que pudieran advertir de la "inadecuada valoración de riesgos", hasta el periodo 2007-2008 "en ningún modo se reconocía que pudiera haber una crisis de solvencia" en la banca española, lo que fue "un craso error". 

  El exconsejero ha considerado "muy acertada" la fusión con Ibercaja, subrayando que Aragón es una de las pocas comunidades que tiene una fundación bancaria donde la mayoría la tienen las entidades financieras con domicilio social en la región, "y esto es algo excepcional". 

  Sobre la responsabilidad de la crisis de las cajas españolas, ha dicho que del mismo modo que en algunas ha habido un exceso de politización en otros casos "puede que haya habido exceso de la capacidad de decisión por parte de los directores generales y ese exceso puede que haya existido en detrimento de las funciones de control que corresponden al Consejo de Administración y la Comisión de Control"."Sin voto" 

  José María Bescós, representante del Gobierno de Aragón entre 2000 y 2010, ha puntualizado que la denominada competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en relación con las cajas no es en realidad exclusiva, sino concurrente, toda vez que las normas proceden tanto del Estado como de las Cortes autonómicas. 

  Participaba en la comisión de control "con voz y sin voto", recibiendo información sobre la actividad financiera, cultural y social de CAI. "Las relaciones del Gobierno de Aragón y CAI nunca estuvieron politizadas", sino que "había un diálogo" inspirado en "un pacto entre caballeros, observándose en cada caso un interés predominante de una u otra entidad", ha aseverado. 

  Bescós ha señalado que CAI "siempre se ha movido muy bien en el comercio minorista", pero la intervención en el mundo empresarial ofrecía "algunos interrogantes". Ha reconocido que "se funcionó demasiado por intuición y mucho menos por criterios técnicos". 

  Sobre las fusiones en Caja3 y después Ibercaja, José María Bescós ha indicado que "no había demasiadas opciones" y ha lamentado "profundamente" que CAI haya dejado de existir como entidad, ya que "ha desarrollado una gran labor".

Crisis profunda  

  El consejero Francisco Bono, que ha precisado que con la CAI no ha tenido relación directa ni indirecta", ha considerado que "la crisis inmobiliaria afectó -a la caja_de manera más profunda que otras entidades". 

  Ha comentado que el Gobierno no tiene competencias de control salvo, "exclusivamente", en materia de la obra social "y por tanto no recibíamos información porque no tenían que enviarla ni teníamos capacidad para hacer ningún tipo de control". 

  Sobre las auditorías realizadas por la consultora Deloitte, ha señalado que su función es comprobar la veracidad de los balances, de los documentos contables en relación con las normas jurídicamente aceptadas y que Deloitte "lo que haría sería comprobar que no existía ninguna irregularidad". 

  La integración en Caja3 y posteriormente en Ibercaja "formó parte de un proceso que se llevó a cabo en toda España", ha destacado Francisco Bono.  

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