Despliega el menú
Aragón

Bandrés: "La supervisión de la CAI era competencia del Banco de España"

En el ámbito de la inspección, el banco emisor no dejaba "meter la nariz a nadie", según Bandrés.

Eduardo Bandrés en la comisión de investigación
Bandrés: "La supervisión de la CAI era competencia del Banco de España"
Efe

El exconsejero de Economía y Hacienda Eduardo Bandrés ha dicho este lunes que no hubo por parte del gobierno interferencia en la gestión de la CAI y que las competencias de regulación, disciplina, supervisión y solvencia financiera corresponden al Estado, a través del Banco de España, y no a la comunidad autónoma.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la CAI, Bandrés ha asegurado que, en el ámbito de la inspección, el banco emisor no dejaba "meter la nariz a nadie".

Ha añadido que de las inspecciones que hacía el Banco de España, que no se comunicaban al ejecutivo regional, solo recibían una especie de síntesis "de dos o tres folios" de las conclusiones y que ninguna de ellas advertía de los posibles riesgos de solvencia que luego se confirmaron.

Bandrés ha centrado su intervención en remarcar que las competencias de inspección correspondían al Banco de España y que nadie, ni desde los órganos de dirección y gestión, ni desde los sindicatos u otros estamentos de la entidad le advirtieron sobre los riesgos que luego determinaron la crisis de la caja.

Al respecto, ha recordado que la ley de cajas aragonesa se modificó en el año 2000, con un "altísimo consenso", y que en "ningún momento" hubo una "politización" en la gestión de la caja, en cuyo consejo de administración, ha precisado, no tenía representación el Ejecutivo, que tampoco accedía a las cuestiones relativas al control interno de la entidad.

Tras reconocer que "no ha sido pacífica" la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Banco de España, ha señalado que no menos de veinte sentencias del Supremo han dejado claro que es el antiguo banco emisor quien tiene las competencias.

El Gobierno de Aragón, ha insistido, no accedía a las cuestiones de control interno de CAI y la vigilancia del estado financiero de las cajas es una competencia exclusiva del Estado, que no puede ser compartida, ha dicho, al tiempo que ha añadido que no tenía conocimiento de las pensiones e indemnizaciones de los directivos.

Durante el tiempo que desempeñó el cargo de consejero, ha recordado Bandrés, las auditorías no reflejaban ninguna salvedad ni irregularidad contable y "no teníamos elementos de duda para poner en tela de juicio" la auditorías de Deloite, que en 2005 certificó unos beneficios de 65 millones de euros, con un 0,48 por ciento de morosidad y 29 millones en riesgos.

Bandrés ha precisado que en ningún momento fue alertado por ningún directivo ni por representantes de los sindicatos u otros estamentos de que hubiera en ese tiempo una "mala praxis" en la entidad de ahorro.

Tras indicar que no se siente responsable de la situación de la caja, ha vuelto a señalar que las competencias de control financiero eran del Banco de España y que es bueno para Aragón que la CAI haya quedado integrada en Ibercaja Banco, una de las pocas cajas que tienen su sede social en su territorio originario tras la reordenación del sector.

Ningún informe del Banco de España ni desde la CAI, ni las agencias de calificación cuestionaron la rentabilidad de la entidad de ahorro y, hasta que estuvo al frente de la consejería, "no hubo ninguna denuncia ni ningún indicio que nos alertara de la existencia de una situación de riesgo", ha dicho.

 Declaración del consejero Bono

Bandrés ha abierto el turno de comparecencias en esta comisión parlamentaria que investiga la gestión de la CAI desde el año 2000 y en la que también prestan testimonio esta jornada el actual consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, su antecesor en el cargo, Alberto Larraz, y José María Bescós, representante del ejecutivo aragonés en la comisión de control de la caja hasta 2011.

En su intervención, Francisco Bono ha afirmado que en esos años no tenía ninguna relación ni directa ni indirectamente con la entidad financiera y ha ratificado que el gobierno no tiene competencias en materia de control de la gestión financiera.

Etiquetas