La comisión de la CAI localiza a García Montes y le cita a declarar
Su comparecencia estaba prevista para el 1 de julio, pero no se le pudo localizar. Declarará el día 15.
La comisión de investigación parlamentaria que analiza la gestión de Caja Inmaculada se ha puesto en contacto con el director general de CAI entre septiembre de 2005 y diciembre de 2009, Tomás García Montes, para que este comparezca el próximo 15 de julio.
De momento, la comisión no ha recibido las actas del consejo de administración que el órgano parlamentario ha vuelto a solicitar.
Los diputados que toman parte de la comisión se han reunido de forma previa a la ronda de comparecencias programada para este lunes para estudiar la última documentación recibida, según ha explicado a los medios de comunicación el coordinador de la comisión, Antonio Ruspira.
La comparecencia de García Montes estaba prevista para el 1 de julio, pero no se le pudo localizar.
Ahora, la comisión ha podido contactar "de forma directa" con el exdirector general y ya se le ha citado para que comparezca el día 15.
Ese mismo día, según Ruspira, también están citados dos responsables del Banco de España, que han dado acuse de recibo de la citación, pero que según dictamen del Consejo de Estado no tienen obligación de acudir a un parlamento autonómico.
El viernes, la comisión de investigación, después de un segundo requerimiento, recibió las actas de las asambleas generales de la CAI, pero siguen sin enviarse las del consejo de administración y de las comisiones de control.
Este martes la comisión celebrará una reunión deliberativa en la que se decidirá si se vuelven a solicitar estas actas.
Ruspira también ha informado de que esta misma mañana han recibido el informe de junio de 2005 al que se refirió el exdirector general Luis Calvera en su comparecencia sobre los riesgos del sector inmobiliario.
Es un documento "bastante complejo", con 7 u 8 apartados y que aportará información adicional, pero que aún no han podido analizar los diputados.
El Banco de España informó el jueves pasado a la comisión de que, según dictamen del Consejo de Estado y en virtud de una modificación legislativa, solo está obligado a proporcionar información a las Cortes Generales y, de hecho, tampoco se la ha remitido a comisiones similares en Galicia, Valencia o Extremadura, a pesar de que las peticiones se realizaron antes del cambio de la ley, ha explicado Ruspira.
Tampoco ha recibido la comisión la información solicitada al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROP), algo que al contrario que las comparecencias no es obligatorio, ha recordado Ruspira.
Sí que tienen ya en su poder los documentos que se pidieron a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
