La actual dirección de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), que ejerce la acusación particular, considera que las diligencias practicadas por el juez Francisco Picazo son suficientes para concluir que su exgerente, Ricardo García Becerril, su exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes, el ex viceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y el expropietario de Real Zaragoza, Agapito Iglesias, concertaron un plan para desviar 17,8 millones de fondos públicos sirviéndose de un contrato firmado con Codesport para construir 119 naves. Según señala ahora el abogado de Plaza en su escrito de acusación, los encausados burlaron todo tipo de controles para conseguir que las obras doblaran su precio de licitación de forma "ilegal e injustificada". Para ello, ocultaron que había certificaciones de obra que no coincidían con los trabajos realizados, introdujeron y cobraron modificados y revisiones de precios vedados por los pliegos de condiciones y emitieron pagarés millonarios sin informar al consejo de administración ni de las razones concretas ni de los conceptos.

Por este cúmulo de presuntas ilegalidades, Plaza pide que los cuatro se sienten en el banquillo y que cada uno de ellos sea condenado a 15 años de prisión, así como a una pena accesoria de 20 años de inhabilitación para cargo público y multas de 600.000 euros. Al margen queda la responsabilidad civil, a la que deberán hacer frente los cuatro de forma solidaria y que la sociedad pública cuantifica en 17,8 millones de euros: el sobrecoste que supuestamente defraudaron.

Los tipos delictivos que esta parte atribuye a los encausados son tres: un delito continuado de malversación en concurso medial con un delito de falsedad; un delito continuado de administración desleal; y un delito de estafa. Aunque el dueño de Codesport, Agapito Iglesias, no trabajaba para la sociedad ni ejercía cargo público, Plaza le acusa también de los dos primeros delitos por considerarlo cooperador necesario.

A través de su escrito de acusación, la sociedad pública recuerda que el que ha venido a conocerse como caso Naves tiene su origen en el contrato que el 14 de julio de 2005 se adjudicó a la constructora de Agapito Iglesias para levantar 70 naves en Plaza (aunque al final se construyeron 119). Por estas obras, a ejecutar sobre 40.000 metros cuadrados, se acordó un pago de 14,5 millones de euros y se estableció que se irían abonando a medida que se fueran ejecutando los trabajos, previa presentación de las facturas debidamente conformadas y no a la finalización de las obras.

Sin embargo, el precio que se acabó pagando por este proyecto fue de 32.329.270 euros. Para los abogados de Plaza, para alcanzar este sobrecoste fue importante la labor de Miguel Ángel Pérez Cervantes, que como director facultativo aprobaba las certificaciones. "En connivencia con los demás acusados, omitió cualquier labor de control, silenciando expresamente que las certificaciones no coincidían con lo realmente ejecutado y permitiendo el pago indebido de las mismas", señalan en su escrito.

Plaza recuerda que en febrero de 2006, mientras se ejecutaban las obras, suscribió un contrato con la empresa Autocity para reservarle la futuras naves. Sin embargo, ese acuerdo se truncó a finales de 2008. Pese a ello, la plataforma afirma que este hecho "no puede justificar el incremento producido en las certificaciones". En este sentido, apunta que, tras la resolución de ese contrato con Autocity, el 1 de diciembre de 2008, Codesport aún emitió cuatro facturas por modificados valoradas en casi ocho millones. Facturas que no fueron sometidas a ningún control y que, pese a ello, fueron firmadas por Ricardo García Becerril "con la anuencia" de Carlos Esco. Dos semanas después, se extendieron también con cargo a Plaza cuatro pagarés a favor de la constructora de Agapito Iglesias por importe de 8,7 millones. Y aunque tampoco estaban justificados, también se pagaron.