"La gestión de la CAI se orientó al sector inmobiliario algo más de lo prudente"

El director general de Caja Inmaculada (CAI) entre el 1 de octubre de 1985 y el 31 de enero de 2001, Juan José Grávalos, ha afirmado este martes que la gestión de la entidad de ahorro se orientó al sector inmobiliario "en un porcentaje más alto del que habitualmente hubiera podido ser prudente". Ha comparecido ante la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragon sobre la gestión de CAI entre 2000 y 2013.

"Si de momento parecía que aquello era Jauja, cuando vino la crisis se lo llevó por delante", ha señalado Grávalos, en cuya opinión "la gestión fue aparentemente equivocada". "Yo creo que ha habido un desenfoque en la gestión, una equivocación en el modo de hacerlo", pero "no hubo mala gestión, hubo despiste", ha dicho.

La caja tenía un sistema interno de auditoría, una comisión de control y en los órganos de gobierno había comisiones específicas que analizaban los riesgos, en el caso del inmobiliario era la comisión de gestión de préstamos la que los estudiaba.

"En lo que yo conozco, lo que yo ví, no hubo nada alarmante ni especialmente crítico ni nada por el estilo", ha dicho Grávalos, agregando que CAI "se limitió a actuar en Aragón". Él no era partidario ni de las fusiones ni de salir fuera de la Comunidad Autónoma.

Grávalos apoyó la creación de algunas filiales para "acompañar" a los clientes en la financiación y algunas gestiones, como en el caso de CAI Inmuebles o CAI Bolsa, aunque no era partidario de actuar como entidad inmobiliaria y, de hecho, durante su mandato no se diferenciaba en la gestión inmobiliaria y el resto de la entidad. CAI participó en algunas sociedades, como Viñas del Vero y Ahorro Corporación, "empresas todas normales", pero ninguna promotora del sector de la construcción.

Ha sentido el final "tan rápido y triste" de la histórica caja de ahorros y ha lamentado que "no se le haya dado una oportunidad para su posible saneamiento", añadiendo que "con su desaparición todos hemos perdido algo muy valioso", aunque la Obra Social puede ser atendida a través de una fundación.

Ha explicado que el director general siempre estaba a las órdenes del Consejo de Administración y de este órgano dependía la gestión de la caja; en su caso despachaba con los presidentes de las comisiones. Grávalos trabajó fundamentalmente en la etapa en que los presidentes de CAI fueron Manuel Solá, José María Sas y Fernando Gil.

Tras precisar que cuando se jubiló dejó la entidad de ahorro "de verdad", ha expuesto que en su etapa "la CAI funcionó tremendamente bien, tenía una inercia tremenda, un equipo de gente preparadísima y empleados fieles", aproximadamente 1.200. Una de las claves de la gestión era la "prudencia". La comunicación "era fluida, transparente, había comisiones en las que participaban todos los consejeros", ha indicado.

Respecto a la SIP con Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz, Juan José Grávalos ha expresado que se produjo cuando el Banco de España ordenó reducir el sistema financiero y se realizaron "gestiones inimaginables". Con esta SIP, CAI "no perdía" porque el negocio de las otras dos cajas estaba en otras comunidades. "Creí que ahí había acabado todo".

Posteriormente, una auditoria reveló que había "unos agujeros importantísimos" y que debía sanearse o desaparecer. Ahora, con la integración en Ibercaja Banco, CAI mantiene su obra social y "un montón de empleados pueden pasar a una caja más segura, más grande".

Rentabilidad 

También ha comparecido ante la Comisión el director general de CAI entre enero de 2001 y septiembre de 2005, Luis Calvera, quien ha dejado claro que no hubo malas prácticas hasta el 31 de diciembre de 2004, sin precisar cómo se desenvolvió la entidad después.

El último día de 2004 CAI tenía 1.251 empleados y 224 oficinas, 219 de ellas en Aragón y se gestionaban 7.000 millones de euros de los clientes, siendo el patrimonio neto de 660 millones. La cuota de mercado de depósitos de clientes era del 20,61 por cien.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) elaboraba informes anuales sobre las entidades y en el de 2005, correspondiente al año anterior, fue calificada como la cuarta en solvencia, de todas las cajas españolas, y la tercera en morosidad.

Ha mencionado las auditorías de la consultora Deloitte, apreciando que en 2004 indicó que los beneficios eran mayores de los que comunicaba CAI. "Miraban muy bien las cuentas y todo lo que había detrás".

Los ratings de Caja Inmaculada reflejaban en 2004 "su fuerte presencia regional, una sana rentabilidad, una excelente calidad de los activos", ha dicho Calvera, quien ha añadido que había un "estricto" control de los gastos financieros.

Las actividades se orientaban a los préstamos a particulares y pymes. Ha explicado que los directores de oficina analizaban los créditos y las características trascendían las facultades de estos los enviaban a los departamentos centrales, donde se estudiaban de nuevo. Allí pasaban al comité de préstamos y si la dirección los veía "bien" se aprobaban.

CAI Inmuebles se creó en 2000 "con criterios estrictamente comerciales, sin buscar la especulación en ningún momento", ya que el objetivo era "acompañar a los clientes de la caja que se dedicaban a esta actividad". Luis Calvera ha resaltado que desde 1905 hasta 2004 las operaciones fallidas alcanzaron los 50 millones de euros en total.

En 2003 los precios de las viviendas se dispararon, "había mucha oferta, mucha demanda", los precios se habían duplicado y los costos de fabricación solo habían crecido un 20 por ciento. En 2004 "nuestro departamento de estudios ya se empezaba a preguntar si se estaba creando una burbuja o no". En su opinión "fuimos prudentes".

En enero de 2005 CAI acordó asumir un riesgo inmobiliario máximo equivalente al 10 por ciento de las inversiones crediticias de la caja, es decir, 530 millones de euros.

En junio hubo una reunión con el presidente de CAI Inmuebles, Tomás García Montes, y otros directivos, en la que Calvera planteó que "era tiempo de profundas meditaciones y de adoptar decisiones". Ha dicho que se planteó que "no queremos tener morosos, quedarnos con pisos ni con solares". "Yo aviso en 2005 de que un grupo numeroso de personas vemos un cambio de ciclo", ha aseverado.

"Capacidad absoluta" 

Otro compareciente en la Comisión de Investigación ha sido el director general adjunto desde abril de 2001 hasta el mismo mes de 2008, Antonio Hernández Borja, quien ha afirmado que el director general tenía "capacidad absoluta" y que, de hecho, no recibió instrucciones concretas del Consejo de Administración o del presidente.

Hernández ha considerado que la causa fundamental de la inviabilidad de CAI ha sido la concentración del riesgo de crédito en el sector inmobiliario junto con la aparición de la crisis, que "nos cogió con el pie cambiado". Ha resaltado que "el resto del negocio ha sido siempre sano, hemos tenido siempre ratios de morosidad por debajo de la media del sector".

Los socios de CAI en las operaciones inmobiliarias eran "gente conocida" por los profesionales del sector, ha dicho Hernández, quien ha dejado claro que durante mucho tiempo este negocio "daba mucho de sí", ya que al asociarse con promotores la mayoría de los compradores de viviendas tenían la hipoteca en esta caja.

Hernández ha comentado que "nadie, ninguna auditoría externa ni el Banco de España, dio ningún aviso serio concreto", aunque hubo alguna "llamada al orden" en 2007.