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Casi 600 agresiones a sanitarios en un lustro

El colectivo más afectado fue el de auxiliares de enfermería. Sufrieron, sobre todo, agresiones verbales.

Imagen de archivo de un centro de salud
Casi 600 agresiones a sanitarios en el último lustro

Una agresión verbal a un auxiliar de enfermería que trabaja en un hospital. Esta es la agresión que más se da en el ámbito sanitario aragonés, según un informe publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este organismo analiza en un documento las agresiones a sanitarios producidas entre los años 2008 y 2012 (de 2013 aún no tiene datos contabilizados) en seis comunidades autónomas y los mecanismos de prevención y tratamiento de estos episodios.

En Aragón, en el periodo de referencia, el departamento que dirige Ana Mato tiene documentadas 548 agresiones. A pesar de que pueden parecer muchas, lo cierto es que de las regiones estudiadas (que son Castilla-La Mancha, Canarias, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana), la Comunidad es la que menos episodios violentos contra sanitarios registró. Con 2.053 agresiones en el lustro de referencia, la región castellano-manchega encabeza la lista.

Evangelino Navarro, presidente autonómico de Sanidad del sindicato CSI-F, explica que estas estadísticas solo recogen una parte de la realidad y que el número de agresiones que sufre el personal del servicio del Salud es mucho mayor. 

Navarro señala que el personal que más agresiones sufre es el que está más en contacto con los pacientes: en el caso de los hospitales, los enfermeros, los auxiliares de enfermería y el personal no sanitario (por ejemplo, celadores) y los médicos en los centros de atención primaria.

La agresión más común, según el informe, es la que sufren los auxiliares de enfermería que trabajan en hospitales aragoneses. Se trata, sobre todo, de violencia verbal y psicológica (insultos, vejaciones...) aunque a veces se registran episodios de inusitada gravedad.

Es el caso de la agresión sufrida por un celador de un centro de atención primaria de Barbastro en 2010, que tuvo que estar varios días hospitalizado por las lesiones sufridas después de ser apaleado por un paciente al que no le dio la cita que solicitaba porque no había disponibilidad.

En este caso el juez decretó una orden de alejamiento del agresor y fue adscrito a otro centro de salud, pero esto no es lo habitual. "Lo normal es que la persona agredida, si no se coge la baja, se cruce con su agresor en el centro de salud a los pocos días", lamenta Evangelino Navarro, quien echa de menos unas medidas más férreas en este sentido y también un protocolo de colaboración entre los centros de salud y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La ley de autoridad pública, un paso adelante

Una medida que ha supuesto un avance sólido para reducir el número de episodios violentos en los centros sanitarios es la ley autonómica que entró en vigor hace unos meses y que reconoce como autoridad pública a los profesionales sanitarios y sociales que trabajan en Aragón. 

"La ley ha hecho que desciendan los episodios violentos porque hace que algunas agresiones puedan acabar en cárcel. Somos pioneros y estamos contentos porque costó mucho", valora Evangelino Navarro a la vez que recuerda que el Ministerio de Sanidad trabaja actualmente para promulgar una ley de este tipo a nivel nacional. 

Pero el representante sindical considera que la DGA aún puede conseguir ser más eficaz frente a las agresiones, por ejemplo realizando campañas de concienciación de los usuarios del sistema sanitario, elaborando planes de actuación especial y mejorando la seguridad en los centros de trabajo.

Por su parte, el departamento de Sanidad de la DGA, según se refleja en el informe del Ministerio, informa de que en el año 2006 "con el objeto de promover la seguridad y salud de los trabajadores" se aprobó el Plan de Prevención contra la violencia en el lugar de trabajo y que, anualmente, la Comisión Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales de Sanidad estudia las agresiones producidas durante el año. 

Desde la implantación del plan, dice la DGA, "se ha observado que las agresiones se comunican más y que poco a poco se van reduciendo". El Gobierno de Aragón ofrece apoyo psicológico y jurídico a los afectados y va implentando diversas medidas de seguridad, como mámparas, timbres de alarma o cámaras de videovigilancia.

Pero lo más importante, dicen los profesionales, es que los pacientes interioricen que los trabajadores sanitarios están ahí para ayudarles y no para ponerles trabas.

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