El consejero de Economía y Hacienda de Aragón, Francisco Bono, ha afirmado que no está imputado en el caso Plaza, pero que, en el supuesto de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, decidiera imputarle, "pondría" su "cargo a disposición" de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

El consejero ha aclarado en un comunicado de prensa que "la causa de la imputación es de carácter administrativo y no por otros motivos que pudieran suponer malversación de fondos públicos", al tiempo que ha puntualizado que en 2008, cuando pertenecía al Consejo de Administración de Plaza, "era como representante de un accionista privado" y, además, "minoritario" en el capital de la sociedad.

Ha recordado que la imputación del Juzgado se realiza con carácter general a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración en aquel momento, con independencia del accionista que los designara.

Se ha referido al auto dictado el pasado 19 de junio por el Juzgado de Instrucción nº 12, de Zaragoza, que imputa a diez miembros del Consejo de Administración Plaza por presunta prevaricación administrativa y quien ha dado traslado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón de estas actuaciones que afectan a tres personas, aforados, entre ellas a Francisco Bono.

Asimismo, ha explicado que en su condición actual de aforado no tiene calificación de imputado, ya que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la instancia que decida en su caso la imputación o no.

El Juzgado de Instrucción tiene que proceder previamente, como así lo ha señalado, a tomar declaración a los diferentes imputados y testigos en la causa, y "a la vista de todo ello decidirá si continua con el procedimiento, o por el contrario procede al archivo del mismo".

Si el procedimiento continuase adelante, el expediente completo de todos los miembros del Consejo debería pasar al TSJA, el cual decidirá, llegado el caso, si procede o no la imputación.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha imputado a diez antiguos miembros del Consejo de Administración de Plaza, entre ellos varios exconsejeros del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz y María Teresa Verde; el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y otras dos concejalas del mismo Ayuntamiento, Carmen Dueso e Isábel López.

Las diligencias previas se abrieron en virtud de dos denuncias interpuestas por el Ministerio Fiscal relativas a dos expedientes de contratación de la empresa pública, una por "movimiento de tierras en la zona de reserva de futuros crecimientos de la plataforma logística" y otro sobre la "redacción y ejecución del apartadero ferroviario de Plaza".

Aunque el auto dice que los miembros del Consejo pudieron actuar "condicionados" por la información que les ofreció el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el juez apunta que "pudieron votar en un sentido diferente" al que lo hicieron, pedir más explicaciones o demorar la decisión a una reunión posterior para un estudio más detallado".

Por este motivo, entiende que la toma de decisión "puede ser constitutiva de un delito de prevaricación".

Entre los imputados se encuentran además Carlos Escó, exviceconsejero de Obras Publicas y exconsejero delegado de Plaza; el empresario Fernando Casasnovas; José Luis Rodrigo; José Luis Abad Martínez, exconsejero delegado de la Sociedad Pública Zaragoza Alta Velocidad, y Agustín García Inda, secretario general técnico de Educación.

Además el juez ha dado traslado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón de estas actuaciones que afectan a los diputados autonómicos Alfredo Boné, del PAR, y al socialista Alfonso Vicente Barba.