La cúpula de Plaza dice que hubo controles "suficientes" pese a las cinco causas abiertas

Los consejeros que conformaron el primer consejo de administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) aseguraron ayer que la sociedad pública contó con "adecuados y suficientes medios de control internos" pese a las cinco causas abiertas en los tribunales. En ellos se investigan presuntas irregularidades en las obras del macropolígono y de los edificios y naves adjudicadas a Codesport por un importe superior a los 152 millones. El primer presidente de Plaza, el exviceconsejero de Obras Públicas Javier Velasco, subrayó que la urbanización ahora bajo sospecha contó en el momento de su adjudicación con informes favorables de más de una decena de instituciones y que su posterior control técnico fue doble, "un esquema no conocido" entonces en la obra pública.

La segunda sesión celebrada en las Cortes de Aragón puso en evidencia la diferencia de criterio con los propios asesores y ejecutivos de Plaza, ya que tanto el asesor jurídico Manuel García Figueras como el exdirector financiero Pedro Colás, reconocieron solo un día antes que, vista la judicialización, se deberían haber "extremado" los controles.

Sin ningún tipo de fisuras, catorce vocales del consejo que ejercieron durante la primera etapa de Plaza (de 2000 a 2007) reiteraron que las decisiones se tomaban por unanimidad tras consensuar previamente las grandes líneas entre los cuatro socios, la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. A preguntas del portavoz del PSOE, Javier Sada, aseguraron que nadie les advirtió de irregularidades o de anomalías en la gestión de Plaza durante el periodo que estuvieron en el consejo. Y también respondieron al portavoz de CHA, José Luis Soro, que ningún técnico ni organismo puso reparos legales a la "sustancial" modificación del contrato de obras de las naves adjudicadas a Codesport al ampliarse los trabajos por petición del comprador final, Autocity. El contrato inicial se adjudicó por 14,5 millones, pero acabó costando 32,3 tras aumentar el número de naves ?de 77 a 119? y agrandarse la urbanización prevista.

El más extenso en sus explicaciones fue Javier Velasco, quien incidió en que los servicios jurídicos entendieron que se "podía hacer" y que, además, la operación aún era más "ventajosa" para la plataforma tras la modificación del contrato. Ylo explicó con dos argumentos: había más ingresos garantizados con la ampliación del número de naves, superiores a los costes añadidos, y se iba a generar más actividad, por lo que se aprobó por unanimidad.Defensa del fichaje de Becerril

El expresidente de Plaza señaló que los términos del acuerdo los defendió el exgerente, Ricardo García Becerril, cuya contratación defendió por su "gran experiencia" y sin querer entrar a valorar ahora la idoneidad del fichaje tras su imputación en tres de los cuatro casos penales de Plaza. Eso sí, recordó que nadie se opuso nunca a pagarle el complemento de productividad anual porque "cumplía con sus obligaciones", aunque también minimizó su relación con él, incidiendo en que con quien despachaba era con su consejero delegado, Carlos Esco. "Conocía muy bien el proyecto", dijo.

Los directivos de la plataforma sí conocían que la empresa contratada para controlar las obras, Escaleno, pertenecía al grupo Codesport, aunque otros vocales del consejo no lo sabían. Y hubo disparidad de respuestas a la hora de valorar la idoneidad de que la firma ejecutora y supervisora de las obras dependiera del mismo empresario, Agapito Iglesias. Hasta el punto de que el exconsejero delegado señaló que "podía haberse evitado".

Como ya sucediera en los juzgados, todos los consejeros de la sociedad pública reconocieron su desconocimiento del denominado 'documento cero', por el que se concretaron todos los cambios en el contrato de las naves de Codesport y que no pasó por el consejo de administración. Ylo reconocieron pese a asegurar previamente, a preguntas del aragonesista Joaquín Peribáñez, que tuvieron "información suficiente" en el consejo.

El caso Naves centró buena parte de los interrogatorios, mientras apenas hubo preguntas referidas a la presunta malversación de más de cien millones de euros en la urbanización de la plataforma, el caso de mayor calado en los tribunales. Eso sí, la portavoz de IU, Patricia Luquin, preguntó a todos por la singular licitación de las obras, destacada por dos comparecientes el día anterior, sin que nadie manifestara nada reseñable.

El interés de la jornada estaba en saber si el exviceconsejero de Obras Públicas iba a declarar pese a estar imputado en los casos Naves y Caladero o se iba a negar como hicieron el lunes otros seis encausados. Carlos Esco solo rehuyó una pregunta del portavoz de CHA, que quiso saber si pidió la destitución del exgerente con antelación a que lo hiciera el expresidente de Plaza Alfonso Vicente en junio de 2011, justo antes de dejar su puesto.

Al igual que Velasco, hizo una encendida defensa del proyecto logístico y se desmarcó por completo de los imputados Ricardo García Becerril y Agapito Iglesias, con los que el juez del caso Naves considera que se repartió un "sobrecoste injustificado" de al menos 15,2 millones. Con el exgerente tenía que despachar, pero dejó bien claro que no mantenía ningún tipo de relación más allá de la estrictamente profesional. "No había una relación fluida; una empresa no es un club de tenis para hacer amigos.

Tenía una relación profesional y punto", dijo antes de descartar también que tuviera una relación personal con Agapito Iglesias y que se le hubiera dado un trato de favor.

A una pregunta de IU, negó "taxativamente" que alguna empresa le ofreciera dinero o que él lo exigiera por alguna adjudicación. Esco tildo la cuestión de "inoportuna e improcedente" tras haber respondido con antelación que no era una cuestión de su competencia.

El exconsejero de Economía Eduardo Bandrés cuestionó los reparos de los informes de fiscalización a Plaza por los que preguntó el portavoz del PP, Antonio Torres, con el argumento de que hubo "indefinición" legal sobre contratación hasta que en 2007 salió adelante la ley de contratos del sector público.

El otro exconsejero de Economía que intervino ayer, Alberto Larraz, reiteró que no hubo trato de favor para Agapito Iglesias y aseguró que detrás de todos los procesos "había un informe jurídico" y suficientes controles, por lo que no había motivo para pensar que pudiera haber alguna irregularidad. No obstante, reconoció que hay cosas "imprevisibles". "El presidente de EE. UU. ?argumentó? es el hombre mejor protegido del mundo y lo asesinan de cuando en cuando".