El juez embarga casas, coches, sueldos, pensiones y cuentas a Agapito, Esco, Becerril y Pérez

El juez Francisco Picazo ordenó ayer el embargo preventivo de todos los bienes que tienen a su nombre los cuatro imputados en el caso Naves, en el que se investiga el sobrecoste millonario de la construcción de 119 inmuebles en Plaza. Como consecuencia de este decreto, el expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, el ex viceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exdirector técnico de la sociedad pública, Miguel Ángel Pérez, verán como quedan trabados sus casas, apartamentos, vehículos, cuentas bancarias e incluso sueldos y pensiones.

Con esta medida, el magistrado pretende asegurar los 18,8 millones de euros que impuso de fianza a cada uno de los encausados para cubrir las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso. El instructor estableció la mencionada fianza, conjunta y solidaria, en un auto de febrero que fue confirmado íntegramente por la Audiencia. Sin embargo, el único que aportó alguna propiedad para cubrir el pago fue Agapito Iglesias.

Picazo recuerda que el exdueño del Real Zaragoza ofreció una serie de títulos accionariales y que se decidió peritarlos. Sin embargo, hasta la fecha todavía no se conoce su valor, por lo que el juez ha acordado también el embargo de sus propiedades. Respecto a Iglesias, el juzgado no ha localizado viviendas o fincas a su nombre, pero sí vehículos: dos turismos de la marca Mercedes y un ciclomotor.

También ha librado un oficio a Inversiones Agapito Iglesias y Codesport para que procedan a retenerle la parte proporcional legal de su sueldo y demás emolumentos.Del mismo modo, Picazo se ha dirigido a los bancos en los que tiene cuentas para que transfieran los saldos favorables a su juzgado. Dada la reciente venta del Real Zaragoza, el instructor embarga también "las cantidades que por cualquier concepto perciba".

Picazo ha actuado del mismo modo con el resto de imputados. Así, en el caso de Carlos Esco, se va a proceder al embargo de un turismo, una motocicleta y un todoterreno. El juez ha dictado un mandamiento para que se anote preventivamente la mitad indivisa de la casa que Esco tiene en Nueno, así como del apartamento cuya propiedad comparte con su esposa, Eva Almunia, en Hospitalet de L’ Infant (Tarragona). También le serán anotada una vivienda en Sallent de Gállego.

En el decreto dictado por el magistrado dice que deberá retenerse parte de la prestación por desempleo que cobra Esco, aunque parece que se trata de un error, puesto que sigue trabajando en Telefónica. Cuentas y cualquier devolución de Hacienda también le han sido embargados.UPyD pide 59 años de cárcel

Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el partido que ejerce la acusación popular en la investigación del caso Naves, solicita penas de entre 13 y 16 años de cárcel para los imputados. La letrada Irene Romea ha sido la primera de las acusaciones en presentar su escrito provisional en el que atribuye a los imputados delitos de falsificación en documentación mercantil en concurso con estafa agravada, malversación de caudales y administración desleal. La pena más alta, 16 años, la solicita para Carlos Esco, mientras que para García Becerril e Iglesias pide 15 y para Pérez Cervantes, 13 años y un mes. Para todos reclama multas así como la restitución, de forma solidaria, de 16.784.485 euros, cantidad de la que se supone que se lucraron.

En este sentido, la letrada ha pedido que la Policía elabore un informe contable que investigue a manos de quien o quienes podría haber ido a parar la diferencia entre el coste real de la obra y lo facturado, después de que la Agencia Tributaria haya indicado que no es competente para averiguar este extremo.

Irene Romea, que compareció en una rueda de prensa junto con los coordinadores de UPyD Carlos Aparicio y Javier Puy, dijo que ese dinero no está "ni en los materiales, ni en la obra" y recordó que el objetivo final de UPyD como acusación particular es saber "dónde ha ido el dinero".