La Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza ha pedido al Gobierno de Aragón laapertura de los comedores escolares durante el verano, debido al número de escolares “de nuestra comunidad autónoma que reciben en el colegio la principal comida del día que no tienen garantizada en su casa”, dada la precariedad económica que viven muchas familias.

Esta exigencia, apoyada por los colectivos que atienden en primera persona las situaciones de desnutrición infantil que están haciendo mella en algunos barrios, se produce tras la solicitud lanzada esta semana por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien dirigió una recomendación a las Comunidades Autónomas para que los comedores escolares abran en verano para los menores en situación de mayor vulnerabilidad, de manera “que no se vean privados de una alimentación adecuada cuando termine el curso”.

En un comunicado, la institución considera “que garantizar esa adecuada alimentación infantil debe ser una prioridad para todos los poderes públicos”.

“Al colegio con hambre”

La respuesta no se ha hecho esperar y la Plataforma en Defensa por la Escuela Pública incide en que tanto desde las entidades sociales como desde los propios centros educativos, es un hecho que “un número significativo de alumnos acuden al colegio con hambre, especialmente los lunes”.

Algunos colegios de la Comunidad Autónoma ofrecen comidas durante el periodo estival dentro del programa “Abierto por vacaciones”, si bien las becas de comedor ya no cubren los meses de jornada escolar reducida, es decir, junio y septiembre, lo que supone que hay “bastantes centros públicos que en estas fechas han tenido que cerrar el comedor escolar”, explican desde la citada Plataforma. Así, el colectivo va más allá y pide la promulgación de una normativa de becas de comedor que tenga “recursos suficientes para atender a todo el alumnado que lo necesite desde el primero hasta el último día de curso, incluido el verano en los casos de más necesidad”.

“La crisis no entiende de calendarios”

Para los actores del tejido social y asociativo en Zaragoza que han constatado las situaciones de necesidad alimentaria de la población infantil más desfavorecida esta es una medida “imprescindible”. Así lo expresa Juan José Jordá, presidente de la Asociación de Vecinos Picarral, donde se gestiona un programa colectivo solidario en el que distintas asociaciones atienden a cerca de 100 familias con niños a los que se ha detectado carencias alimentarias. “Lo que no podemos permitir es que el déficit de alimentación lo sufran los chavales. El problema es qué va a pasar cuando estén los colegios cerrados, porque la crisis continúa y no entiende de calendarios”, apunta.

Desde la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, Javier Rodríguez, entiende que “es fundamental que los poderes públicos apoyen a los niños más desfavorecidos de alguna manera, y que existan mecanismos para que no se sufran estos problemas”. Este barrio cuenta con ayudas del PICH para dotar de ayudas a familias que no tienen para dar de comer a sus hijos, además de donaciones de particulares, oenegés y otras asociaciones que han contribuido a atender las necesidades alimenticias de los escolares, en “barrios como el nuestro estas medidas son esenciales”.

Fondos del Ministerio de Sanidad

Estas reivindicaciones han coincidido con el anuncio del desbloqueo por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de 17 millones de euros para las Comunidades Autónomas, una partida que se ve esperanzadora dado que tiene que destinarse a proyectos para paliar las situaciones de pobreza infantil. Por el momento habrá que esperar, pues desde el Gobierno de Aragón indicaron que “va a ser la consejería de Sanidad, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), quien va a gestionar estos fondos específicos, y decidirá a qué actuaciones de urgencia se destina”.