El juez del caso Naves rastrea en el extranjero cuentas y bienes de Esco, Agapito y Becerril

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha solicitado la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera para rastrear cuentas bancarias y propiedades en el extranjero de tres de los cuatro imputados en el caso Naves, el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, el dueño del Real Zaragoza y de Codesport, Agapito Iglesias, y del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril.

Esta investigación forma parte de las piezas de responsabilidad civil del caso Naves, con las que se pretende averiguar el patrimonio de los imputados para que puedan responder de las penas económicas que se les pudiera imponer.

La petición no es baladí, ya que el juez concluyó en un auto firmado el pasado jueves que los imputados "se lucraron e incorporaron a su patrimonio" el sobrecoste injustificado en la construcción de una promoción de naves encargada por Plaza a Codesport, que valora en un mínimo de 15,2 millones de euros. En este reparto también incluyó al cuarto imputado, el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes.

El instructor del caso Naves dejó las gestiones en manos del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía a finales de abril, pero después de un mes de averiguaciones se le informó en un oficio de la "ausencia de patrimonio inmobiliario" de "alguno" de los imputados, sin citar expresamente el nombre. El único de los imputados del que no constan propiedades en este procedimiento judicial es Agapito Iglesias.

El inspector jefe explicó al juez Picazo que esta circunstancia es "muy extraña en circunstancias normales", pero "habitual" en las investigaciones por delitos económicos, "ya que los sujetos investigados tienden a ocultar sus propiedades y bienes tras terceras personas de su ámbito familiar o de su entera confianza al objeto de eludir sus futuras responsabilidades civiles y penales".

La Policía solicitó con éxito al juez el apoyo de Vigilancia Aduanera para completar el rastreo patrimonial entre los años 2012 y 2013, ya que en una primera averiguación solo pudieron comprobar los registros mercantiles y de la propiedad y consultar "fuentes internas de carácter policial".

En esta segunda oleada de pesquisas se van a investigar todas las operaciones en el extranjero, el posible cobro de cheques elevados, donaciones, además de actos jurídicos documentados en los que hayan figurado Carlos Esco, Agapito Iglesias y Ricardo García Becerril.

Igualmente se solicita a la Agencia Tributaria que aporte sus cuentas bancarias, planes de pensiones, fondos de inversión, participaciones en sociedades, declaraciones de la renta, activos financieros y arrendamientos.Entramados societarios

El responsable del grupo de Blanqueo de Capitales incide en que cualquiera de los investigados puede disponer de patrimonio "a través de la construcción de entramados societarios". Y apunta que se requiere una "mínima comprobación" para determinar si cuentan con testaferros para ostentar la titularidad de sus bienes "o si la misma ha sido adquirida en base a contratos legales y de la misma forma establecer las participaciones accionariales de las investigados en las distintas sociedades".

El instructor del caso Naves solicitó la averiguación del patrimonio de los imputados para responder de la fianza millonaria fijada, pero no constan propiedades a nombre del dueño del Real Zaragoza y del grupo inmobiliario Codesport.

A todos ellos les impuso una fianza conjunta y solidaria de 18,8 millones de euros que no han depositado. Agapito Iglesias aportó como garantía las acciones que posee en tres sociedades (Inversiones Agapito Iglesias S. L., Agapito Iglesias García S. L. y Clipasodes 2006 S. L.). A través de las dos últimas compañías controla a su vez el 59% de Zaragoza Sport Arena XXI, la empresa a través de la cual ostenta el 90% de las acciones del Real Zaragoza y cuya venta está en plena negociación. Ante esta realidad, el instructor del caso Naves comunicó al empresario que deberá depositar en el juzgado los ingresos de cerrarse la operación.

Para estimar el valor de mercado de las acciones de las tres sociedades, se designó como perito al economista Oscar Casajús, que aún debe presentar su estudio económico.

También está pendiente el informe ordenado por el juez a la Agencia Tributaria sobre los flujos económicos y patrimoniales de los cuatros imputados durante el periodo en el que se produjo el desfase millonario en la promoción de naves encargada a Codesport, entre los años 2005 y 2010. La pericial fue solicitada por la acusación popular, ejercida por Irene Romea en representación de UPyD, que requirió el estudio de sus cuentas bancarias o cualquier otra documentación del citado periodo.