Más funcionarios y menos personal laboral para la DGA

El proyecto de ley de Función Pública ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de Función Pública, un texto "integrador y con amplia vocación de futuro" que apuesta por el "principio funcionarial", es decir, por promover que todos los trabajadores sean funcionarios y no personal laboral.


Esta opción de contratación quedará reducida a determinadas excepciones correctamente justificadas.


La intención en la elaboración del texto, ha precisado el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido conseguir una ley "que vaya más allá de los posibles cambios de gobierno".


Para ello se ha contado con el consenso de todos los agentes que forman la Mesa Común de Negociación de las Administraciones Públicas de Aragón: UGT, CC.OO, CSI-F y los representantes de las administraciones autonómica, local, universitaria y entidades públicas.


Articular una Administración más moderna, transparente, ágil, eficiente y volcada en el servicio al ciudadano son los fines principales del proyecto de ley, que ha sido remitido este martes a las Cortes de Aragón para el inicio de su tramitación parlamentaria.


Se actualiza "por fin" el texto de 1991, ha dicho Bermúdez de Castro, que necesitaba una adaptación a las actuales competencias autonómicas, a las posibilidades que desarrolla el Estatuto de Autonomía de Aragón y a los contenidos específicos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).


Sus ejes principales son el fortalecimiento del concepto de función pública como estatuto de servicio público; el refuerzo del principio de publicidad y transparencia en la gestión de los recursos humanos, especialmente en lo relativo al acceso al empleo público y a la carrera profesional, e impulsar la profesionalización de la administración pública.


También profundizar en la apuesta por la ética del servicio público, simplificar el aparato institucional y agilizar los procesos administrativos relacionados con los recursos humanos.


Se tenderá a homogeneizar el acceso a la función pública de todas las administraciones y la formación del personal de las distintas entidades públicas, lo que favorecerá la movilidad entre diferentes lugares de trabajo.


La ley alcanza al conjunto del sector público aragonés, con lo que se persigue la conformación de un modelo global de la función pública en Aragón.