El gobierno de Belloch dio a dedo el 29% de los contratos y el 45% de las ayudas de 2011

Casi un tercio de los contratos y cerca de la mitad de las subvenciones adjudicadas a dedo; un 30% de las ayudas otorgadas sin cumplir los requisitos; concursos en los que se puntúan ofertas económicas «que no realizan baja alguna»; informes técnicos que valoran con criterios que ni aparecen en los pliegos; modificaciones de contratos «sin seguir el procedimiento exigido legalmente»; subvenciones gastadas en actividades distintas a las de la solicitud... El informe provisional de fiscalización de la Cámara de Cuentas destapa todo tipo de reparos e irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2011, cuyo calado va más allá del agujero presupuestario de 355 millones de euros que ha sacado a la luz.

El documento pone en evidencia incidencias en todas las fases de contratación del Ayuntamiento y de sus organismos y sociedades dependientes que, literalmente, «afectan al cumplimiento de la legalidad contractual vigente y a la efectividad el control interno».

Los auditores de la Cámara de Cuentas han examinado el 60% de volumen económico de las adjudicaciones hechas en 2011, que se concreta en la revisión de 22 de los 240 contratos firmados por un importe de 60,6 millones. En el 29% de los casos, la adjudicación se hizo por procedimiento negociado (a dedo), invitando a una serie de empresas a presentar ofertas.

Las anomalías arrancan en las propias licitaciones, ya que en cuatro de cada diez expedientes se ha detectado que los criterios no detallan de forma objetiva y previa la asignación de los puntos, «lo que impide conocer a priori cuáles son los baremos a tener en cuenta».

Criterio de adjudicación subjetivo

Los reparos son de mayor gravedad en los procesos de adjudicación. Así, la Cámara de Cuentas destaca que las fórmulas empleadas para valorar las ofertas económicas dan puntos a los licitadores aunque no abaraten el precio de salida, lo que «desvirtúa» el proceso e «incumple» la Ley de Contratos. Así, subraya que tendría que haberse constituido un comité de expertos para evaluar las ofertas.

En otros casos, el precio tuvo, directamente, «una baja ponderación», dando mayor peso a la puntuación técnica «que depende de juicios de valor», y el criterio de valoración de las mejoras se describe de forma «genérica».

En el informe se recogen más de un centenar de incidencias en los expedientes de contratación, aunque si se suman las restantes –las detectadas en la fase previa y en la posterior ejecución– su número se duplica con creces.

También evidencia que los principios de economía y eficiencia están «claramente comprometidos», ya que en el 81% de los contratos no se incluyó el «correspondiente informe económico-financiero que justifique o soporte el presupuesto de licitación y su adecuación a la realidad del mercado». También reprocha el «deficiente seguimiento» de las adjudicaciones en el Ayuntamiento porque, «con carácter general», se incumplieron los plazos de ejecución.

Capítulo aparte merecen las subvenciones municipales, cuyo importe ascendió a 74,3 millones en el ejercicio de 2011. En sus conclusiones, la Cámara de Cuentas resalta que las deficiencias afectan «significativamente al cumplimiento de los principios de legalidad y concurrencia». Para empezar, el 45% de las ayudas se concedieron de forma directa cuando, señala, es un procedimiento «excepcional». Yde las ayudas a dedo, el 67% ni cumplen los requisitos legales. Para colmo, en las concesiones directas no se acredita «la singularidad de los beneficiarios» para saltarse el proceso de concurrencia.

Las críticas son aplastantes, ya que se cuestiona hasta las convocatorias, ya que no especifican la forma de puntuar los criterios de valoración de las solicitudes y, por tanto, se «limita el principio de objetividad y transparencia en el reparto de subvenciones». Dos de las sociedades municipales, Zaragoza Cultural y Zaragoza Vivienda, no se ajustan directamente a la ley.

Los auditores también subrayan que, de forma generalizada, «no se identifican los gastos directos e indirectos, ni se acredita el porcentaje de gasto imputable a la actividad subvencionada». En Acción Social, en los importes justificados por las entidades ni siquiera coinciden los conceptos de gasto con los de la solicitud, sin que el Ayuntamiento diera el visto bueno.