El plan de ajuste que presente el Gobierno de Aragón al Ministerio de Hacienda tendrá que contar, al menos, con un ajuste de unos 90 millones de euros respecto al presupuesto ya aprobado en 2014. Esta cifra se logrará principalmente con un recorte del gasto, aunque hay una parte que sí podrá justificarse con la promesa de un incremento de ingresos.

En total, el Ejecutivo aragonés debe pasar de un desfase de 666 millones entre ingresos y gastos en 2013 a un déficit de 323 millones este año, como máximo. Esa diferencia (343 millones) es bastante mayor que los algo más de 80 millones que la DGA considera que tendrá que recortar.Se debe a que, aunque se contaba con cumplir el déficit, una parte de ese ajuste ya se hizo durante la elaboración de los presupuestos de este 2014. Ahí se planteó una corrección que rondaría los 90 millones de euros.

Además, el Ejecutivo PP-PAR ha tomado ya la decisión –obligado por las circunstancias– de no reeditar el Plan Impulso. De esta manera, se ahorra otros 150 millones de euros. En la práctica, supondrá que desaparecerán todas las partidas extra que se plantearon para impulsar la economía durante el año pasado.

Pese a estos ajustes previos, la DGA aún tendría pendiente reducir el gasto de unos 100 millones. En estas semanas, Hacienda tendrá que valorar si el ajuste debe hacerse por toda esa cantidad o aceptan el planteamiento que les hace la DGA de que el déficit estructural de Aragón ronda los 80 millones de euros.

En principio, la iniciativa de proponer qué cifra es la que se debe recortar corresponde al Gobierno aragonés. Al conocerse el fuerte desfase de 2013, la DGA se negó a aceptar el cálculo estatal –de ahí la decisión de judicializarlo– y explicó que estaban pendientes de que el Ministerio de Hacienda les comunicase qué parte de ese déficit era coyuntural y qué parte estructural. Más allá de quién debe discernir qué parte del desfase de la DGA es solo por una mala gestión de 2013 y qué otra parte es más profunda, los técnicos de ambas administraciones están haciendo sus propias cuentas. El objetivo de garantizar que común es que en 2014 no se produzca el fuerte desfase del año anterior.

La propuesta se negocia entre las dos administraciones y todo apunta a que, pese a la decisión aragonesa de judicializarlo, habrá un acuerdo entre las partes.