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Tan solo seis aragonesas se han acogido a la figura de la titularidad compartida

El texto pretende reconocer la labor de la mujeres en el campo y resolver una desigualdad histórica.

María José Acerete, Paracuellos de la Ribera, Zaragoza
María José Acerete, Paracuellos de la Ribera, Zaragoza

Históricamente, la mujer ha estado relegada a un segundo plano en el mundo rural. “Siempre se nos ha considerado como ayudantes, no como iguales”, reivindica María José Acerete, la sexta y última agricultora aragonesa dada de alta en el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias del Gobierno de Aragón desde su activación en abril de 2012.

María José, vecina de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza), lleva registrada desde noviembre de 2012 aunque son más de 23 años los que lleva dedicándose a la agricultura, “Desde que me casé con mi marido”, concreta. “Entonces no había nada para ponerse legalmente y yo siempre decía que me iba a ayudar al campo” recuerda.

Ahora, Acerete está afiliada a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), y fue aconsejada por su marido como decidió registrarse. “Yo ya me sentía igual porque trabajamos lo mismo, pero es una manera de hacerlo oficial”, explica la agricultora, ahora copropietaria de una explotación de árboles frutales en la que cultivan cereza, pera blanquilla, ciruelas, albaricoques y olivo.

Para la agricultura, la escasa acogida de esta nueva Ley radica en los costes que supone darse de alta en la Seguridad Social. “Al mes pago 260 euros, es mucho dinero. Tengo varias amigas que no trabajan de manera continuada sino por temporadas, es algo que depende mucho de cada casa porque hay casos en los que no compensa”, explica. Sin embargo, lo beneficios también son numerosos.

Como explica Ángeles Ramón, responsable del Área de la mujer de UAGA, además de cotizar para poder tener una jubilación en el futuro, las mujeres registradas pueden disfrutar de una bonificación del 30% durante los cinco primeros años. El texto también da prioridad a las explotaciones que se acogen a la Ley a la hora de recibir ayudas y subvenciones, además, da visibilidad a las mujeres del medio rural y les da acceso a formación. “Hasta ahora ellas no existían”, asegura Ramón, titular de una explotación de 12 hectáreas de regadío.

“En España el 71% de las explotaciones agrarias pertenecen a hombres, que en muchos casos reciben la ayuda de sus mujeres en las labores del campo”, afirma Ramón. Según datos de UAGA, más de un tercio de las personas que trabajan en explotaciones agrícolas familiares son mujeres. En el momento de aprobación de la Ley, en diciembre de 2011, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) aseguraba que unas 100.000 mujeres rurales serían susceptibles de acogerse a la nueva ley. En la actualidad según datos del Ministerio de Agricultura, tan solo se han registrado 84 en toda España. Castilla y León se sitúa en cabeza con 33 afiliadas seguida de Castilla La Mancha y La Rioja. Comunidades como Andalucía, Madrid o País Vasco todavía no han tenido ningún alta.

Una ley sin incentivos ni campañas informativas

Según la responsable del Área de la Mujer de UAGA, la ausencia de incentivos económicos y de campañas informativas son las principales causas de esta escasa acogida por parte del colectivo de mujeres agricultoras. “Después de 20 años reivindicando esta ley, que pretende ser una figura jurídica que dé cobertura legal al trabajo de la mujer, esta falta de apoyos es un engaño para todas”, asegura Ángeles Ramón. “Hemos logrado hacer estas leyes y no para que se queden en el despacho”, asevera.

Desde UAGA se realizaron una serie de aportaciones a la Ley, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2011, como que el registro fuese de carácter obligatorio, la inclusión de incentivos y la necesidad de campañas informativas, pero “no se tuvieron en cuenta”.

Muchas mujeres se quedaron en el camino

Debido a los procesos de mecanización y ampliación del mundo rural, muchas mujeres agricultoras de pequeñas y medianas explotaciones han perdido su empleo y que se han quedado sin ningún tipo de ayuda ni subsidio, a pesar de haber estado toda la vida trabajando. “Son mujeres que se han quedado en el camino, sobre todo las más mayores que ya no pueden alcanzar el mínimo de años exigido para jubilarse”, explica Ramón.

Para la responsable del Área de la mujer de UAGA todavía hay mucho trabajo por hacer. “La mentalidad de nuestra sociedad todavía es muy machista, y en el mundo rural todavía es más lastre. La mujer en el campo trabaja igual que el hombre pero falta mucho por hacer”, explica, al tiempo que recuerda que, no hace tanto, las mujeres necesitaban que el Alcalde del pueblo testificara para demostrar que trabajaban en un campo mientras que los hombres no tenían que demostrar nada. “Esta ley ni siquiera tendría que ser necesaria porque si los dos trabajan por igual los dos deberían ser titulares por derecho”.

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