Los 12 ayuntamientos aragoneses que tienen condicionado su futuro por el aeropuerto de Lérida tendrán una segunda oportunidad. El Tribunal Supremo ha ordenado anular el decreto que establecía en la provincia de Huesca servidumbres por el aeropuerto de Lérida. Según ha sentenciado el Tribunal Supremo, el Gobierno central elaboró esa norma sin permitir "participar ni hacer alegaciones" durante su elaboración al Gobierno de Aragón ni a los Ayuntamientos de Huesca, pese a estar afectados. Esa omisión "de un trámite esencial" dejó "indefensas" a las entidades aragonesas, por lo que se considera que hay un vicio "de nulidad" que obliga a rehacer la norma.

La sentencia establece además que era ilegal que el decreto obligase a los municipios aragoneses afectados a enviar a la Generalitat de Cataluña cualquier proyecto futuro. En ese decreto, se daba al Gobierno catalán la capacidad de informar sobre los proyectos urbanísticos de los municipios aragoneses y valorar si afectaban o no al aeropuerto de Lérida. A partir de ahora, será el Gobierno aragonés el exclusivo receptor de esos proyectos y el que tendrá la competencia para emitir esos informes.

De esta manera, el Supremo defiende el principio de territorialidad de la Comunidad de Aragón, frente a la chocante versión inicial que vinculaba los municipios oscenses a las instituciones catalanas. En cualquier caso, la decisión final sobre las servidumbres seguirá siendo estatal. La DGA deberá remitir su informe y la información que le envíen los ayuntamientos a la Dirección General de Aviación Civil, órgano último responsable de decidir.

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