El PP y PAR presentarán en las Cortes autonómicas en las próximas semanas una proposición de ley de reforma de la administración aragonesa que recogerá el reparto competencial entre ayuntamientos, comarcas y diputaciones acordado con CHA e IU.

El PP y el PAR presentarán esa proposición de ley después de que PSOE, CHA e IU hayan decidido poner fin a la ponencia especial de estudio para la racionalización de la administración aragonesa tras 22 sesiones al entender que debía presentarse un recurso de inconstitucionalidad a la Ley estatal de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local por considerar que invade las competencias autonómicas y locales.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PP, Antonio Torres, ha recordado que la ponencia para la racionalización y la simplificación de la administración aragonesa, bajo la premisa de una administración-una competencia, se creó por unanimidad a propuesta de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, en el debate de política general de la Comunidad de septiembre de 2012.

Ha remarcado que la ponencia, en las que ha habido nueve comparecencias de expertos, aprobó en su sesión número 20 un reparto competencial con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, que según Torres, se ha dedicado a "boicotear" la ponencia, hasta el punto de que en septiembre del año pasado propuso una votación para que se disolviera, algo que rechazaron el resto de grupos.

"Su labor ha sido única y exclusivamente de obstruccionismo", ha dicho Torres, quien ha resaltado no obstante que la ponencia ha llegado a un acuerdo sobre el reparto competencial que será incluido en el articulado de la proposición de ley que presentará su grupo con el PAR en las próximas semanas en las Cortes.

Para Torres, el reparto competencial era la parte más compleja, novedosa e interesante y el acuerdo de cuatro de los cinco grupos es "lo suficientemente valioso" para que se incorpore en una proposición de ley para que los grupos sean más proclives al consenso con el fin de que la reforma de la administración aragonesa dure en el tiempo.

Por su parte, Carmen Sánchez, del PSOE, ha explicado que su grupo ha decidido abandonar la ponencia ante el informe de los servicios jurídicos de la Cámara en el que se pone en evidencia que la reforma local aprobada por el Gobierno central invade la autonomía local y lo recogido en el Estatuto de Autonomía.

Ha indicado que una vez el PP y el PAR presenten la proposición de ley su grupo hará aportaciones, aunque ha señalado que el PSOE no está de acuerdo con el reparto competencial pactado al considerar que el pilar fundamental de la presentación de los servicios deben ser los ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y, según Sánchez, lo que hace es "vaciar" de contenido a los ayuntamientos y pasarlo a las comarcas y a las diputaciones provinciales.

José Luis Soro, de CHA, ha apuntado que su grupo ha intentado que la ponencia fuera útil pero en su opinión continuar era "hacer el primo" después de que se perdiera la oportunidad de que las Cortes presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley estatal de reforma local por la "evidente invasión competencial".

No obstante, espera que el trabajo de la ponencia no se pierda y ha avanzado si el PP y el PAR incluyen en su proposición el acuerdo de reparto competencial por coherencia su grupo lo seguirá defendiendo e intentará mejorar el texto.

Patricia Luquin, de IU, ha explicado que para su grupo no tenía mucho sentido continuar con los trabajos de la ponencia tras el informe sobre las posibles injerencias de la reforma local del Gobierno central en las competencias y en la autonomía municipal y, en su opinión, se ha perdido la oportunidad de que el Parlamento presente un recurso de inconstitucionalidad.

Joaquín Peribáñez, del PAR, ha avanzado que la proposición de ley que presentará su grupo con el PP se basará en los trabajos de la ponencia con el acuerdo sobre la distribución competencial entre las administraciones locales fruto del Estatuto de Autonomía y en virtud del reconocimiento, en la reforma local aprobada por el Gobierno central, de las particularidades propias de Aragón.