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Aragón

El IASS se personará en la causa judicial por el desfase de un millón de euros en un contrato de 2011

La exconsejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, dice que la adjudicación se hizo de acuerdo a la previsión de la dependencia

En la imagen, la exconsejera de Servicios Sociales Ana Fernández, junto a Juan Carlos Castro, exgerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
En la imagen, la exconsejera de Servicios Sociales Ana Fernández, junto a Juan Carlos Castro, exgerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se personará en la causa judicial abierta contra el exgerente del IASS Juan Carlos Castro y la interventora adscrita a este departamento Marta Fernández. El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza investiga el encarecimiento de casi un millón de euros en la adjudicación del contrato del transporte adaptado de personas dependientes a centros de día de Zaragoza, Borja y Torres de Berrellén, firmado en abril de 2011. El martes les tomó declaración como imputados por un delito de malversación de caudales públicos.

Fuentes del Departamento de Bienestar Social del actual Gobierno de Aragón explicaron ayer que si es técnicamente posible, el IASS ?al frente de quien está ahora Cristina Gavín? dará este paso para que se devuelva a la Administración el dinero no justificado de este contrato. Ahora, será la juez la que decida si el Instituto Aragonés de Servicios Sociales puede personarse en la causa como acusación particular, ya que tendrá que valorar el hecho de que, en estos momentos, abogados de la DGA están defendiendo a la interventora.

Este caso ha llegado ante el juez después de que el Tribunal de Cuentas (TC) alertara a la Fiscalía de ciertas irregularidades en relación a esta adjudicación, formalizada por el anterior Gobierno (PSOE-PAR). El órgano fiscalizador ponía de manifiesto que el presupuesto de licitación de este contrato se calculó en base a unas previsiones de demanda "muy alejadas de la realidad". Entonces, según el TC, el IASS estimó que utilizarían el servicio una media de 260 usuarios al mes, cuando la realidad de la demanda no supera los cien de media. De hecho, cifra el desfase en unos 971.000 euros.

La adjudicación se formalizó el 25 de abril de 2011 por un periodo de vigencia de diez años (hasta 2021) y un coste total de 12,8 millones de euros y recayó en Gestión Asistencial Aragonesa. Esta empresa es un centro especial de empleo de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA), de la que actualmente Juan Carlos Castro es su secretario general. Este periódico se puso ayer en contacto con el exgerente del IASS, que prefirió no hacer declaraciones y respetar el desarrollo del proceso judicial abierto.

Sí que habló la diputada socialista Ana Fernández, que cuando se firmó este contrato estaba al frente de la Consejería de Servicios Sociales. Esta aseguró ayer que la adjudicación se hizo de acuerdo a las previsiones de la ley de la dependencia, ya que también se iba a dar cobertura a los miles de usuarios de grado medio, que el PP excluyó de las ayudas tras acceder al Gobierno a mediados del año 2011.

Fernández rechazó que la imputación de Castro ponga en tela de juicio la gestión en el Departamento de Bienestar Social en la pasada legislatura. "La realidad es que no se utiliza este servicio porque el PP retrasó hasta 2015 el acceso a los beneficiarios de menor grado", señaló. No obstante, la diputada socialista no quiso pronunciarse sobre la causa porque no conocía al detalle los hechos denunciados por el Tribunal de Cuentas. Fernández insistió en que la adjudicación de este contrato de transporte de discapacitados "está a caballo" entre el Gobierno PSOE-PAR y el actual, PP-PAR.

El actual IASS modificó el contrato en septiembre de 2012 y redujo en 49 plazas los usuarios, lo que supuso un ahorro total de 1,7 millones de euros.

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