Un total de 19.100 consumidores aragoneses (en su inmensa mayoría pertenecientes al mercado residencial) pidieron a Endesa el año pasado rebajar la potencia contratada para sus viviendas con el objetivo de abaratar sus recibos de la luz. Esta cifra supuso casi duplicar el número de solicitudes de revisión de contratos hecha durante el año 2012 (que fueron 10.300).

La razón para estas revisiones a la baja fue la fuerte subida que registró el término de potencia a partir de agosto de 2013, que encareció considerablemente esta parte fija de la factura eléctrica. Este epígrafe volvió a subir este año, el pasado mes de febrero, por lo que no se descarta que a lo largo de 2014 se mantenga esta tendencia y se sigan solicitando nuevas reducciones de potencia.

Al menos, así lo creen desde la UCA (Unión de Consumidores de Aragón). La asociación aragonesa recuerda que comenzaron una campaña el año pasado, coincidiendo con el anuncio de esta subida, en la que se recomendó a los ciudadanos que revisaran la potencia que tenían contratada con su compañía eléctrica como fórmula para ahorrar en el recibo de la luz. "Revisar y ajustar el término de potencia –explica José Ángel Oliván, presidente de la UCA– se ha hecho mucho más necesario tras el aumento del precio del kilovatio porque este concepto de la factura de la luz es fijo y puede disparar el recibo final".

La UCA y otras asociaciones de consumidores ya advirtieron, en su momento, que con este incremento del término de potencia se estaba penalizando a los ciudadanos con bajos consumos y apuntaron que no era la mejor estrategia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético (ni en los domicilios particulares ni en las empresas). Esto es así porque la potencia contratada establece una especie de ‘tarifa plana’, que debe pagarse mensualmente en el recibo de la luz, independientemente de la electricidad que se consuma.

Para hacernos una idea, por cada kilovatio (kW) de potencia que el ciudadano contrata con la compañía eléctrica paga 3,5 euros al mes (impuestos incluidos), 42 euros al año, lo que significa que, consuma lo que consuma, va a tener un coste fijo anual en función de la potencia contratada.

Desde Endesa, la compañía eléctrica de referencia en Aragón, se contextualizaron ayer estos datos de revisión de potencia asegurando que no eran "significativos" en relación con el número total de contratos que mantiene la empresa en la Comunidad. En 2013, la eléctrica tenía alrededor de 804.000 clientes en Aragón, de los que el 80% eran consumidores residenciales, por lo que, en términos porcentuales, se pidió la revisión de algo menos del 2,5%.

Asimismo, apuntaron que tampoco el ajuste representó una caída en la potencia total contratada ese año (con respecto al año anterior), descenso que cifraron en un 0,7%. "Sí se ha observado –dijeron fuentes de la compañía– un aumento en el número de solicitudes para rebajar la potencia contratada a partir de agosto de 2013, que fue cuando se produjo la subida del término de potencia".

Coste por tramos

En la actualidad, los tramos del término de potencia para consumidores particulares, van desde los 3,3 kW hasta los 9,9 kW, dependiendo del tipo la vivienda y los electrodomésticos que se utilicen. En función de todo ello, varía la parte fija del recibo mensual de la luz: un consumidor con 3,3 kW contratados paga 11,55 euros mensuales (IVA incluido) y 138,6 euros anuales; con 4,4 kW paga 14,53 euros al mes (174,42 euros al año); con 5,5 kW paga 19,25 euros al mes (231 euros al año); con 6,6 kW, 23,10 euros al mes (277,2 euros al año); con 7,7 kW, 26,95 euros al mes (323,4 euros al año); con 8,8 kW, 30,8 euros al mes (369,6 euros al año) y con 9,9 kW, 34,65 euros al mes (415,8 euros al año).

Por último, hay que recordar que cambiar el contrato tiene un coste. Modificar el contador del cliente o el interruptor de control de potencia cuesta 9,044 euros. Si la vivienda tiene una antigüedad superior a los 20 años será necesario verificar la situación de la instalación eléctrica, actuación que cuesta 8 euros. Si la instalación no se ajusta a la normativa será necesaria la intervención de un instalador autorizado (el certificado de instalaciones eléctricas cuesta entre 80 y 100 euros).