Las farmacias aragonesas y los otros proveedores de servicios sanitarios de la Comunidad están en desventaja respecto a sus homólogos de al menos ocho comunidades autónomas. El Ejecutivo PP-PAR se ha librado de la exigencia de que priorice el pago de su abultada deuda sanitaria con su decisión de no sumarse al fondo de liquidez autonómica.

Este fondo –al que se sumaron libremente ocho autonomías y hay otras que negocian entrar– abarata la financiación de las autonomías. Sin embargo, a cambio tiene reglas que obligan a dar prevalencia al pago de la deuda que arrastren con sus proveedores vinculados a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, según explican fuentes oficiales. El objetivo de esta regla era evitar la asfixia de los sectores que precisamente garantizan el funcionamiento correcto del estado del bienestar.

En el caso de las autonomías que no se sumaron, como Aragón, sus dirigentes han podido decidir si daban prioridad al pago de otros compromisos pendientes (actuaciones vinculadas a Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas y comarcas, por ejemplo).

El Ejecutivo PP-PAR argumentó que no se sumaba a este fondo para no tocar el prestigio financiero de la Comunidad Autónoma.En las explicaciones públicas que ofrecieron –en las que en ningún caso se valoró la posibilidad de incumplir el déficit– no se aclaró que el fondo conllevaba aceptar que los proveedores de las áreas más sociales tuviesen prioridad en el cobro de las facturas que siguen sin atenderse.

Fuentes de la DGA han asegurado que en ningún caso el motivo de su rechazo fue esta cuestión. Según han reiterado, desde que Hacienda puso a disposición de las autonomías este mecanismo, se rechazó porque se consideraba que su adscripción habría podido suponer una rebaja en la calificación crediticia de Aragón.

Dinero más caro

Según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, la decisión de quedarse fuera del fondo tiene dos consecuencias claras: la primera y más directa es que la deuda que se solicita a los bancos se paga más cara. Como dato, la DGA tuvo que pagar solo en intereses más de 220 millones durante 2013. Esta primera consecuencia tiene además una segunda derivada. «Si eres una comunidad incumplidora, estás más expuesta a que te bajen la calificación», explicaron estas fuentes oficiales. En el caso de Aragón, cuando tomó hace un año la decisión de no sumarse al fondo de liquidez, sí cumplía el déficit. Ahora su situación ha cambiado notablemente y se especula ya con un reposicionamiento a la baja en la clasificación financiera de las autonomías.

La DGA no se sumará

Pese al panorama de las arcas autonómicas, la DGA mantiene su rechazo a sumarse al fondo de liquidez. De hecho, aceleró la colocación de su deuda antes de que se certificase que ha incumplido el déficit, aunque este movimiento no le ha impedido tener que pagarla más cara que otras autonomías.