Plaza investigará la indemnización de 150.000 € por despido a García Becerril

La sociedad pública Plaza investigará la indemnización de 150.000 euros que se pagó al exgerente Ricardo García Becerril por su despido en 2011. Según comunicó ayer el consejero de Obras Públicas y presidente de Plaza, Rafael Fernández de Alarcón, al consejo de administración se quiere analizar –tres años después– si la cuantía está "justificada" y por qué no se comunicó a la nueva dirección de Plaza y al recién llegado Gobierno de Aragón.

Ricardo García Becerril se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza por el caso de Plaza que investiga la Fiscalía Anticorrupción y en el que se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude y exacción ilegal y blanqueo de capitales. También está imputado en otras tres causas que instruyen los juzgados de Zaragoza (caso Naves, Caladero y apartadero ferroviario). Hay que recordar que como gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, era el alto cargo mejor pagado de la Administración autonómica con 120.000 euros brutos anuales, por encima incluso del presidente del Gobierno de Aragón.

Según explicaron fuentes de la sociedad, la orden de pago de la indemnización se produjo el 29 de julio de 2011, 15 días después de haber tomado posesión el nuevo Ejecutivo autonómico surgido de las elecciones. No obstante, el nuevo organigrama de la empresa pública no se cerró hasta octubre de ese mismo año cuando se designó a Jesús Andreu como gerente de la sociedad encargada de la gestión de la plataforma logística de Zaragoza. Pero el actual Gobierno y la actual dirección de Plaza no tuvo conocimiento de este pago, según las mismas fuentes.

El cese de García Becerril se firmó el 21 de junio de 2011. Fue una decisión del entonces presidente de Plaza, el socialista Alfonso Vicente, por "deslealtad" y una "pérdida de confianza". En concreto, según explicó el vicealcalde, Fernando Gimeno, ante el juez cuando compareció como testigo por su pertenencia al consejo de administración, cuando las negociaciones con la UTE que se encargó de la urbanización del macropolígono logístico estaban ya cerradas, García Becerril alcanzó otro acuerdo "por su cuenta" sobre una liquidación de obras por valor de ocho o nueve millones. El consejo de administración rechazó dicho acuerdo, pese a que García Becerril aseguró que los pagos "se correspondían con la realidad". En su declaración, Gimeno aseguró que dicho pacto "era lesivo para Plaza, sin ninguna duda".

Tras el despido, según explicaron fuentes de la anterior dirección, el pago de la indemnización correspondió a la etapa del actual Gobierno o del entonces consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública y vicepresidente de Plaza, José Luis Murillo. Desde la sociedad no aclararon exactamente quién debía haber informado a la DGA. En cualquier caso, en el consejo de administración de ayer, uno de sus miembros que también estuvo en 2011, defendió que la indemnización se fijó "conforme a la ley".

Mejora de los accesos

Por otra parte, el consejo de administración informó favorablemente la suscripción de un convenio de colaboración con la DGA para la construcción del acceso norte a Plaza. Este acuerdo incluye la elaboración de los proyectos urbanísticos necesarios, las gestiones para la obtención de los títulos de ocupación de los terrenos precisos, la redacción de los proyectos de trazado, el establecimiento de un plan de actuación, la elaboración de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras. No obstante, esta obra exige una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que hace meses se solicitó al Ayuntamiento.

Alarcón también informó de que se está negociando la venta de una parcela. "Somos optimistas en llegar a poder materializar alguna nueva venta en los próximos meses", confió.