Los transportistas aragoneses critican la nueva tasa especial que aplicará Cataluña

. El sector del transporte en Aragón sufre una serie de medidas económicas que cierra cada vez más persianas, sobre todo en las pequeñas empresas. El próximo "lastre" es que la Generalitat publicó en el diario oficial del pasado día 30 de enero la ley 2/2014, por la que aprobó la tasa especial por el uso de los vehículos pesados de más de doce toneladas en el Eje Transversal (la C-25). Es un tramo entre Fraga y Gerona que hasta ahora era gratuito y utilizan los transportistas para salir a Europa.

Este impuesto o ecotasa ecológica (conocido como euroviñeta en la Unión Europea), empezará a cobrarse desde el próximo 2 de septiembre por atravesar la carretera autonómica C-25, la que cruza Cataluña desde Lérida a Gerona y tiene tres carriles. Uno de cada cuatro vehículos que lo usan son camiones pesados.

Los transportistas aragoneses utilizan este tramo de 152 kilómetros al dejar la autopista A-2 en Fraga, se coge en Cervera (Lérida) y llegan hasta Caldas de Maravilla (Gerona). Todo el sector en la Comunidad se opone frontalmente a la aplicación de este impuesto ecológico procedente de una directiva de la Unión Europea, porque es "otro roto" para un sector tan castigado, como señaló Carmelo González, presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Aragón.

Negativa de la ministra Pastor

"Francia quiso poner en marcha la ecotasa y el ‘lobby’ de los transportistas la frenaron. La ministra de Fomento, Ana Pastor, rechaza su aprobación. Tendremos que hablar con ella, aunque somos un sector atomizado sin fuerza como un ‘lobby’", apuntó González.

La decidida apuesta del Gobierno de la Generalitat choca con la oposición del Ministerio de Fomento, cuya titular, Ana Pastor, negó que el Gobierno central vaya a crear nuevos peajes que hagan peligrar todavía más al maltrecho sector del transporte.

"La salida de la C-25 la utilizan sobre todo los transportistas autónomos y serán los más perjudicados", reconoció María José Pardo, gerente de Tradime Aragón, que reúne a 700 socios y 2.000 vehículos. "Pero se puede reclamar a la UEporque esta norma se debe aprobar a nivel estatal, no autonómico", agregó.

En estos momentos tan complicados para el transporte, Tradime Aragón se manifiesta totalmente contraria a la aplicación de esta tasa. "Consideramos que es un impuesto injusto e insensato, más aún en estos momentos tan complejos para el sector del transporte", manifestaron.

Tradime precisó que un porcentaje importante del transporte aragonés circula por la C-25, evitando así la autopistade peaje AP-7, lo que supone "un coste importante y difícil de asumir".

"La C-25 es una de las vías para transportar mercancía desde el centro y noreste de la península con dirección al resto de Europa, por tanto muy transitada", señalaron desde Tradime.

Pagar por tamaño y emisión

La norma aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de enero es compleja para calcular el impuesto que se cobrará desde septiembre. Los transportistas se verán obligados a pagar por la utilización de dicha carretera, actualmente gratuita, cuya tasa se calculará en función de su tamaño y la consideración de su daño medioambiental. Se puede aplicar una bonificación de hasta el 10% de la cuota para los sujetos pasivos que efectúen el pago por el telepeaje.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha solicitado a la Comisión Europea que analice su adecuación a las directivas europeas y, en su caso, que se introduzcan las modificaciones que consideren necesarias para ajustarse a la legalidad vigente.

"El motivo de esta nueva tasa es totalmente recaudatorio, como fue el céntimo sanitario y el peaje que en su día se quiso imponer en el País Vasco al pasar por Leizarán", denunció Carmelo González. "En cualquier caso desde el punto de vista económico es un desatino castigar más a un sector ya muy castigado", apuntaron fuentes de la empresa Carreras.

La Generalitat dijo que no hay afán recaudatorio sino que el motivo es la gestión del tráfico. Pero las estimaciones apuntan a unos 10 millones de ingresos al año.

"En Aragón se han cerrado 400 pymes del transporte y en cada una había dos o tres camiones", precisó González. "No queremos que los transportistas aragoneses, catalanes y levantinos que llevan la fruta por allí a Europa paguen más tasas", declaró.