El vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, advirtió ayer de que no iba a entrar en "el avispero" de la contabilidad nacional y el método para calcular el déficit que ha generado un enfrentamiento político entre la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que acabará en un contencioso administrativo por parte de la DGA. Pero, tras instarle el portavoz de CHA, José Luis Soro, Peña sí se pronunció –en una comparecencia en las Cortes– sobre uno de los aspectos de los que discrepa la DGA, los fondos europeos. Y lo hizo para contradecir a Rudi y avalar las tesis del Ministerio.

En concreto, el Gobierno de Aragón considera que hay 35 millones de fondos europeos que deberían contabilizarse como ingresos en 2013 (supondría reducir una décima el abultado déficit del 2,06% frente al 1,3% permitido) y que el Ejecutivo central estima como gasto suyo en 2014. El vicepresidente de la Cámara fue claro en su explicación:los ingresos y los gastos deben justificarse a la vez. Es más, recordó que el sistema que se utiliza para incluir estos ingresos en el cálculo del déficit data de 2004 y se estableció a instancias de las comunidades.

Peña compareció junto al presidente del órgano fiscalizador, Antonio Laguarta, para explicar el informe sobre la DGA del año 2011. El vicepresidente recordó que la ley de estabilidad fija que el presupuesto y su liquidación incluirán información suficiente que permita verificar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. También aclaró que el procedimiento que utiliza el Estado es "un sistema estadístico de seguimiento" del déficit. En este sentido, instó a la Administración autonómica a modernizar y unificar los sistemas de contabilidad propios de la Comunidad para aportar una imagen más real y denunció la falta de documentación en algunos casos.

Otra de las cuestiones que planteó a raíz del informe fue la urgencia de que la DGA incluya una memoria del coste y rendimiento de los servicios públicos. Peña repasó algunas de las irregularidades que se detectaron en el informe de 2011, que se corresponde con medio año de gobierno PSOE-PAR y medio de PP-PAR: la falta de reflejo de 859 millones correspondientes a las liquidaciones de los anticipos entregados por el Estado, que se ha corregido; la presupuestación incorrecta de las Cortes; la "deficiente" presupuestación de ingresos con partidas que no se ejecutaron; la falta de informe de valoración del coste de los activos del acuerdo de las mermas tributarias... Además, alertó del desequilibrio "muy importante" de las cuentas y las tensiones en tesorería (ingresos insuficientes para afrontar gastos) después de arrojar un resultado negativo de 721 millones, por lo que reclamó medidas legales para obligar a corregirlo. En este sentido, advirtió de que año a año aumenta el saldo de deudas pendientes de pago y el plazo.

Por su parte, el presidente, Antonio Laguarta, anunció que el próximo informe sobre la DGA unificará 2012 y 2013 y se publicará antes del 31 de diciembre. De esta forma, concluirán la fiscalización de prácticamente toda la legislatura.

Laguarta exige más medios

Laguarta volvió a reclamar más medios y recursos. Denunció que "no llegan a cumplir los programas y prioridades de las Cortes" y que precisarían el doble de empleados. Dijo que esto va en detrimento de la calidad y provoca demora en los plazos. "Hacer ineficaz un órgano es echarle más trabajo", señaló el presidente. De hecho, todavía están pendientes informes como el del Ayuntamiento de Zaragoza, que debería haberse publicado a finales de año.

Por su parte, los grupos parlamentarios volvieron a recalcar la necesidad y agilidad de este órgano fiscalizador. El diputado del PP, Jorge Garasa, indicó que contribuye al cumplimiento de los objetivos de legalidad, eficacia y eficiencia económica.

Su homólogo del PAR, Manuel Blasco, avaló unificar los ejercicios 2012 y 2013. La diputada del PSOE Ana Fernández rechazó que se concentren ambos dictámenes y calificó de "chapuza" la tramitación del suplemento de crédito de 220 millones (finalmente fueron 223) para hacer frente a facturas pendientes de otros años, fundamentalmente sanitarias, que diseñó el exconsejero popular Mario Garcés. Entre otras, el informe destaca el desvío de partidas finalistas -entre otras, del Plan Miner- por valor de 70,5 millones para dar cobertura a gastos sanitarios aunque no se podía; créditos que se incluyeron pero que no se pudieron dar de baja porque ya estaban ejecutados y no disponibles...

El portavoz de CHA, José Luis Soro, también criticó este suplemento de crédito y centró buena parte de su intervención en los ajustes de contabilidad nacional que sirven para calcular el déficit de las comunidades. "Parece que algunos no se han enterado. Es algo normal, no se los ha inventado Montoro", señaló. El diputado de IU, Luis Ángel Romero, expresó su preocupación por que se destinaran durante 2011 fondos del plan Miner a pagar facturas sanitarias.