Adiós a los jueces de paz

Alberto Ruiz Gallardón llevó el pasado viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial. El ministro de Justicia logró el visto bueno de una ley que pretende, entre otras cosas, eliminar los casi 7.900 juzgados de paz que trabajan actualmente en España. Los 230 que hay en Aragón resuelven más de 50.000 asuntos civiles y penales al año.

Una Justicia del siglo XXI en la que prime la profesionalización de sus miembros. Esto es lo que quiere conseguir el Gobierno, según las palabras del ministro de Justicia, con el anteproyecto presentado el viernes y que inicia ahora su trámite parlamentario. 

Según el texto legal de la reforma, este objetivo ha de pasar necesariamente por la eliminación de la figura de los jueces de paz, personas que no son licenciadas en Derecho y que desempeñan su labor en los núcleos rurales. Desaparecen los jueces, pero no los juzgados de paz, "que asumirán labores de apoyo y acceso al Registro Civil", según el Gobierno.

Los jueces de paz conocen siempre de asuntos de entidad menor. Su principal labor es la de mediar entre las partes involucradas en una disputa para conseguir que lleguen a un acuerdo y evitar así que el asunto acabe en los juzgados de Primera Instancia. El trabajo de estos jueces supone, pues, un ahorro económico para los interesados (que no tienen que abonar tasas judiciales) y un alivio de carga de trabajo para los juzgados.

En Aragón existen 230 juzgados de paz (97 en Teruel, 96 en Zaragoza y 37 en Huesca) que están coordinados desde 27 agrupaciones de paz. En 2012, el último dato disponible, estos jueces resolvieron 59.694 asuntos penales y civiles, casi 3.000 más que un año antes. Y es que la cifra de asuntos resueltos en estos juzgados no para de crecer desde el año 2010.

Los tribunales provinciales de instancia

De acuerdo con el anteproyecto presentado el viernes, las funciones de los jueces de paz irán a parar a los tribunales provinciales de primera instancia o TPI. Estos órganos judiciales de nuevo cuño asumirían también las funciones de algunos tribunales de Primera Instancia e Instrucción y parte de la función juzgadora de las Audiencias Provinciales. Abarcarían, en cada provincia, todos los ámbitos jurisdiccionales.

Con su creación, el ministerio dice que pretende acabar con las desigualdades que se producen actualmente entre juzgados por las distintas cargas de trabajo.

Esta nueva organización judicial supondría, además, la desaparición de los partidos judiciales que, según el anteproyecto de ley, "tenían sentido en una época como el siglo XIX en la que los transportes y las comunicaciones eran difíciles y convenía una presencia territorial difusa". 

Cualquier modificación de la planta judicial aragonesa se hará, según fuentes del Gobierno de Aragón, con la colaboración de la DGA pues, según el Estatuto de Autonomía de Aragón, "corresponde a la Comunidad Autónoma determinar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales" (artículo 68). 

Desde el departamento que dirige Roberto Bermúdez de Castro aseguran que la DGA ya mantiene contacto sobre este tema con el Ministerio de Justicia aunque admiten que a esta ley "aún le queda un largo trámite parlamentario".