Los retos del nuevo consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón

Tomará posesión el próximo lunes, pero la empresa a la que se enfrenta el nuevo consejero de Hacienda, Javier Campoy, se antoja ardua, compleja y muy erosionadora si no obtiene los resultados esperados. El número 2 del PP de Zaragoza y diputado autonómico asume el departamento más controvertido del Gobierno de Aragón tras el incumplimiento del déficit de 2013. De momento, ya se ha reunido con la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, para fijar las líneas maestras del próximo año: la contención del déficit, no aumentar la presión fiscal e incluso tender a reducir impuestos, y defender las peculiaridades de Aragón en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Ayer, además, mantuvo un encuentro con directores generales para tener una primera inmersión en un área que de momento, le es ajena. Campoy quiere formar un equipo técnico potente e imprimir un perfil más político a la Consejería de Hacienda. Estos son los retos a los que se enfrenta Javier Campoy en el próximo año como responsable máximo de las cuentas autonómicas.

1.- Plan de ajuste. Es su tarea más inmediata. Nada más llegar a la consejería, Javier Campoy tendrá que asumir recortes presupuestarios para poder compensar el desvío del déficit con la premisa de salvar el gasto social. Los ajustes necesarios se han cifrado en al menos cien millones, pero son varios los consejeros que han mostrado ya sus reticencias (algunas públicas) a aplicar más ajustes en sus departamentos. A un año de las elecciones autonómicas, ninguno quiere sufrir más desgaste, especialmente los de sanidad y educación. Otros se muestran más dispuestos a colaborar y ya han comenzado a analizar programa a programa para localizar gastos recortables. No en vano, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha instado a resolver el problema entre todos. Será, además, el primer examen de Campoy ante el Ministerio de Hacienda, donde la imagen de Aragón ha quedado resentida tras el incumplimiento (del 1,3% al 2,06%).

2 Reforma de la Administración. El nuevo consejero tiene el reto de retomar la racionalización de la DGA y sus empresas públicas, prácticamente paralizada durante todo 2012 y 2013. Aunque es uno de los compromisos clave para poder recortar el gasto en áreas que no son sociales, el Ejecutivo PP-PAR sigue manteniendo casi con la misma estructura más de 100 empresas públicas y fundaciones. De hecho, se ha convertido en el tercer gobierno autonómico que menos ha ajustado su gasto burocrático, circunstancia que ya se ha abordado en el Consejo de Política Fiscal. Hasta el pasado mes de diciembre, la DGA solo había suprimido el 15% de entes públicos considerados prescindibles, mientras que el resto de autonomías habían alcanzado el 30%.

3 Reforma fiscal. El Gobierno de Aragón aún no tiene una posición sobre la reforma fiscal que está impulsando el Ejecutivo central y será tarea del nuevo consejero establecerla. De momento, el Ministerio de Hacienda trabaja para aumentar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, cediéndole un mayor tramo de impuestos estatales y limitando los autonómicos. Campoy deberá analizar si ese planteamiento le conviene a Aragón o si prefiere por una mayor capacidad de crear tributos propios que se adapten a la singularidad de Aragón. El objetivo del Gobierno central es que cada autonomía tenga más responsabilidad sobre la presión fiscal que recae en sus ciudadanos. Hasta ahora, la DGA no se ha distinguido, dentro de los márgenes que ya tiene, por mantener una política fiscal activa. En cuestión tributaria, Campoy también tiene como tarea pendiente el compromiso del PP-Aragón de suprimir el impuesto de sucesiones.

4 Financiación autonómica. Es probablemente su principal tarea y la que marcará el futuro financiero de la Comunidad durante, al menos, los próximos cinco años. El Ministerio de Hacienda ha iniciado ya los trabajos para cambiar el modelo por el que reparte el dinero entre las comunidades. Aragón reclama que se tenga en cuenta la superficie, la despoblación y el envejecimiento. Sin embargo, la mayoría de las comunidades y altos cargos del Gobierno central apuestan porque prime, todavía más, la población. Campoy deberá conseguir que el Gobierno comprenda que tiene un coste mayor prestar un servicio en Aragón que en Baleares o Madrid, por ejemplo. Además, tiene el reto de que Hacienda acepte la disposición del Estatuto de Aragón que establece que las relaciones financieras entre el Gobierno central y el autonómico se regirán a través de un acuerdo bilateral.

5 Presupuestos de 2015. Después del verano, el consejero Javier Campoy tendrá que empezar a elaborar y negociar los últimos presupuestos de la coalición PP-PAR y decidir si prorroga los actuales con los últimos ajustes o impulsa unos nuevos. Además de las siempre complicadas negociaciones con los demás consejeros, a Campoy le tocará cerrar las cuentas con su socio, el PAR, que hasta ahora siempre ha puesto trabas y exigido cesiones para dar el visto bueno (este año, obligaron a retrasar su aprobación casi un mes). Habrá que ver si la DGA apuesta por primera vez en esta legislatura por unos presupuestos sin restricciones para el año electoral. Su gestión, de momento, corresponderá a este Gobierno hasta junio.

6 Leyes pendientes. El consejero de Hacienda, Javier Campoy, tendrá que desatascar las leyes que elaboró su antecesor José Luis Saz, durante los dos años y medio que ha estado al frente del departamento. La más inmediata es la de Función Pública, que ya goza del consenso de los sindicatos tras numerosas negociaciones. Solo precisa recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno para ser remitida a las Cortes e iniciar el proceso parlamentario. Del mismo procedimiento está pendiente la ley de Subvenciones, uno de los compromisos de investidura de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. El anteproyecto ya está aprobado, pero sigue sin llegar al Consejo de Gobierno para poder impulsar la tramitación en las Cortes.