Hacienda investiga las cuentas de Agapito, Esco y García Becerril

Se estudian los flujos de capitales y sus cuentas entre 2005 y 2010 para averiguar el porqué de los sobrecostes en la construcción de 119 naves en Plaza.

Carlos Esco, junto a su abogado.
Carlos Esco, junto a su abogado.

La Agencia Tributaria investigará el movimiento de cuentas de cuatro imputados por el Caso Plaza y las empresas vinculadas, entre ellos el propietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, a fin de conocer si han tenido relación y si ha podido existir un presunto delito fiscal.


Los otros tres imputados son Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, Carlos Esco, exconsejero delegado de la sociedad pública y exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, y Miguel Ángel Pérez Cervantes, exdirector técnico de la sociedad pública, según han informado fuentes judiciales.


Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 5 de Zaragoza, que investiga una presunta malversación de fondos públicos en la Plataforma Logística de Zaragoza, al aceptar una petición de prueba pericial hecha al respecto por la abogada Irene Romea, de UPyD, que ejerce la acusación popular.


Esta letrada quiere que la Agencia Tributaria investigue los flujos de capitales y sus cuentas entre 2005 y 2010, entre otro tipo de operaciones que puedan estar relacionadas con este caso, como los pagarés que se firmaron por las naves.


La solicitud la pidió el pasado 14 de marzo, unos días antes de que prestaran declaración como testigos las 27 personas que formaron parte del consejo de administración de Plaza desde 2005 a 2010 sobre los sobrecostes en la construcción de 119 naves industriales por la empresa Codesport, propiedad de Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza, uno de los imputados en esta causa.


Según la denuncia hecha por la actual dirección de Plaza, en el proyecto de construcción de las naves se presupuestó inicialmente en poco más de 14 millones de euros y terminó costando 32,3 millones, un desfase que para los denunciantes podrían tratarse de una apropiación indebida de dinero público.


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