El senador socialista Marcelino Iglesias ha defendido reformar el Senado "cuanto antes" para que sea una cámara de representación territorial y evitar contradicciones entre las posiciones de los parlamentos autonómicos y los grupos políticos.

Iglesias ha comparecido  por primera vez en la Comisión Institucional de las Cortes, al igual que el otro senador en representación de Comunidad, Ricardo Canals, del PP, para informar sobre la aprobación en el Senado de una disposición legal sobre el procedimiento de autorización de la fractura hidráulica, una técnica que el parlamento aragonés ha rechazado.

Ha sido a petición de IU, cuyo portavoz en la Comisión, Adolfo Barrena, ha opinado que debería haber coordinación entre la postura de las Cortes de Aragón, en este caso sobre el "fracking", y los senadores autonómicos.

En ese aspecto, Iglesias ha apuntado que en su caso no ha habido contradicciones respecto al rechazo de las Cortes a esta técnica dadas las objeciones de su grupo en el Senado tanto a la forma como se planteó, a través de una ley que nada tiene que ver con la cuestión, como en el fondo, por ser una técnica que afecta a la seguridad medioambiental, sismológica y de las personas.

Iglesias, que es portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Alta, ha admitido que no es fácil conjugar los márgenes de actuación de los senadores designados por las Cámaras autonómicas, dado que la Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por ningún mandato imperativo.

Así, ha defendido reformar "cuanto antes" el Senado para que estas contracciones no puedan producirse, para que sea una cámara de representación territorial y se puedan producir los debates de las materias que son competencia de las comunidades autónomas "sin ningún tipo de cortapisa".

"Eso relajaría muchísimo la tensión territorial que tradicionalmente se produce en nuestro país", ha agregado Iglesias, quien ha estimado que lo más razonable es que los senadores fueran designados por los parlamentos autonómicos para que se refleje claramente cuál es la posición de la Comunidad Autonómica.

En cuanto al "fracking", ha indicado que la posición del PSOE no es prohibir "sin más", sino aplicar el sentido común y el principio de precaución y no autorizar esta técnica sin estudiar las consecuencias de todo orden que se puedan derivar de ella.

Por su parte, Canals ha defendido la aprobación de una norma básica estatal sobre "fracking" que podrá ser regulada por las Comunidades, y ha remarcado que no ha ido en contra de lo que la Cámara aragonesa quiere, porque si Aragón no quiere esta técnica no se hará.

Canals ha llamado la atención sobre el déficit energético de España, en que el coste repercute en el nivel de vida de los ciudadanos, en la competitividad de las empresas y en el empleo, ha repasado los pasos dados en el Senado sobre la autorización del "fracking" y ha opinado que no es "coherente" descartar de antemano los recursos sin estudios rigurosos sobre su potencial y la posible afectación a la salud de las personas y el medio ambiente.

El senador del PP ha insistido en que la técnica se incorpora a la legislación básica del Estado, garantiza la unidad de criterio en todo el país, da seguridad jurídica, cumple la normativa europea, posibilita la exploración, la investigación y la explotación de los recursos y somete esta técnica a los procedimientos de impacto ambiental "caso a caso".

En el turno de los grupos, Barrena ha incidido en que la representación de Iglesias y Canals en el Senado emana de las Cortes de Aragón, que han aprobado iniciativas en contra de esta técnica y en que debería haber una coordinación en su actuación con el parlamento aragonés.

Joaquín Palacín, de CHA, ha apuntado que el parlamento aragonés fue el primero que manifestó una posición clara en contra de esta técnica, que ha considerado "nefasta" para el territorio y el medio ambiente, y ha apuntado que como representantes de las Cortes de Aragón, deberían defender lo que la Cámara aprueba por unanimidad.

Alfredo Boné, del PAR, tras rechazar que haya "fiscalizar" su actuación en el Senado aunque hayan sido nombrados por las Cortes, ha remarcado que la postura de los aragonesistas sobre el "fracking" es la de las Cortes de Aragón, con un acuerdo unánime que declara a Aragón territorio libre de esta técnica por las posibles repercusiones que pudiera tener.

Carlos Tomás, del PSOE, ha acusado a los populares de haber entrado con el "fracking" en una "permanente contradicción" al no ser capaces de ponerse de acuerdo en unos lugares y otros, y al Gobierno de usar una ley para legalizar esta técnica "por la puerta de atrás", al tiempo que ha llamado a la reflexión acerca del papel que deberían tener los senadores autonómicos respecto de las iniciativas que se aprueban en el parlamento que los ha nombrado.

Fernando González, del PP, tras insistir en que ningún senador tiene un mandato imperativo, ha argumentado que en el Senado se ha actuado desde el conocimiento del problema que tiene España de factura energética y que es obligado buscar una mayor independencia energética para ser más competitivos, garantizando las condiciones ambientales y la seguridad de las personas.