El exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, el principal imputado en la investigación judicial que se lleva a cabo por los sobrecostes en la construcción de 199 naves industriales, fue destituido por actuar "de espaldas" y por deslealtad al consejo de administración de la sociedad pública.

Así lo han puesto de manifiesto algunos de los once miembros del consejo de administración de Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) entre 2005 y 2010 citados a declarar como testigos en el juzgado de instrucción número 5 de Zaragoza, cuyo titular investiga los sobrecostes por una presunta malversación de fondos públicos, un caso por el que está imputado García Becerril.

Carmen Dueso, concejala de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, ha indicado a los medios de comunicación, tras prestar declaración ante el juez, que la destitución se adoptó en junio de 2011 por unanimidad al plantearse "algunas actuaciones que, sin ser delictivas, si que es verdad que las había hecho a espaldas del consejo".

Entonces presidía el Consejo de Administración de Plaza, el exconsejero de Obras Públicas del gobierno aragonés Alfonso Vicente, otro de los que han declarado ante el juez, que ha señalado que García Becerril fue destituido en junio de 2011 "por falta de confianza".

Alfonso Vicente, quien presidió el consejo de 2007 a 2011, ha manifestado a los medios que los asuntos que llegaban a este órgano "se trabajaban con seriedad y con rigor" y que "se hacían las cosas bien", con datos suficientes y con un equipo de técnicos que se encargaban del "día a día" y en los que se confiaba.

El empresario Marcos Galucho, otro de los citados por el juez, ha explicado que "algo ocurrió" en marzo de 2011 que al consejero delegado de Plaza "le disgustó mucho" y llevó el asunto a la reunión del consejo de administración de junio, donde por unanimidad se decidió relevar a García Becerril por "deslealtad y falta de confianza".

A la deslealtad también se ha referido el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, quien ha pedido que la investigación se lleve a cabo con profundidad y de forma rápida para no perjudicar el proyecto de Plaza, que es "muy importante" para Aragón y para la ciudad.

Aunque no ha querido valorar las declaraciones que ha hecho ante el juez, ha dicho que hay que colaborar con la justicia "para que se investiguen en profundidad todos los hechos" y ha expresado su deseo de que sea "lo más rápido posible".

A su juicio, si esas situaciones se alargan pueden perjudicar a este proyecto industrial sobre el que en estos momentos se están tomando decisiones sobre su ampliación y hay empresas que pueden "estar interesadas en invertir". "Así, que se investigue con rapidez" y que se depuren, si las hay, las responsabilidades, ha añadido el vicealcalde, quien ha destacado que el consejo de administración tenía información y "mecanismos suficientes" para controlarla.

En este sentido, Gimeno ha señalado la existencia de auditorías tanto externas como internas, además de las actuaciones del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas, así como empresas importantes contratadas para llevar a cabo las obras de Plaza.

De lo que se trata ahora es de investigar si la Plataforma Logística ha dispuesto de toda la información precisa y de no ser así tomar las medidas que correspondan una vez que se averigüe y se demuestre.

Ante el juez Francisco Picazo, también han prestado declaración la concejala del ayuntamiento de Zaragoza Isabel López; Agustín García Inda, actual secretario general técnico de Educación, y Fernando Casasnovas, ambos como representantes de la CAI en el consejo.

La lista de citados por el juez la han completado José Ignacio Salafranca y Raquel Martínez, que estaban en el consejo por Ibercaja, y María Pilar Lidón, quienes han rehusado hacer declaraciones, como los citados anteriormente.Declaraciones anteriores

Las declaraciones de estos testigos se suman a las hechas esta semana por las otras 16 personas que integraron el consejo de administración en esos años, entre ellos cinco exconsejeros socialistas, uno del gobierno actual y ediles del Ayuntamiento de Zaragoza, quienes han hecho hincapié en que todo lo relativo a su labor se encuentra en las actas de la reuniones.

El juez les ha cuestionado, entre otros asuntos, sobre si el consejo conocía los sobrecostes millonarios registrados en la construcción de 119 naves industriales por parte de la empresa Codesport, propiedad de Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza, otro de los imputados en esta causa.

Según la denuncia hecha por la actual dirección de Plaza, el proyecto de construcción de las naves se presupuestó inicialmente en poco más de 14 millones de euros y terminó costando 32,3 millones, un desfase por el que están imputados también Carlos Esco, exconsejero delegado de la sociedad pública y exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Miguel Angel Pérez Cervantes exdirector técnico de Plaza.