Hacienda reclama al menos 3.000 euros a familias que se acogieron a la dación en pago

Considera que estas personas tuvieron una "ganancia patrimonial" y exige que tributen por ella. Decenas de familias aragonesas están afectadas.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en una imagen reciente
Hacienda reclama al menos 3.000 euros a familias que se acogieron a la dación en pago

Cientos de familias aragonesas consiguieron una dación en pago en 2012 y 2013. Aunque perdieron su casa, para muchos fue una bendición porque llegar a este acuerdo con su entidad bancaria les liberó de una deuda de por vida. Sin embargo, algunos hogares que pensaron que con la entrega de la que fue su casa sus problemas de morosidad quedaban saldados, se equivocaron. La Agencia Tributaria está reclamando a cientos de familias españolas (varias decenas en Aragón) unas cantidades elevadas de dinero como impuestos derivados de esa operación.


El fundamento de estas peticiones está en que Hacienda considera que, a efectos tributarios, la dación en pago es una compraventa (entre el banco y el titular de la hipoteca que no está pagando). Por ello, la Agencia Tributaria exige que en la declaración de la Renta del año siguiente a la dación tributen por la ganancia patrimonial obtenida en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).


Para calcular esta 'ganancia patrimonial', Hacienda tiene en cuenta la diferencia entre el precio al que se compró la vivienda y el importe que figura en la dación en pago, donde se incluye el pago de la deuda, además de los gastos que generó cancelar la hipoteca y los intereses.


Para poner cifras a este proceso sirve el caso de una familia onubense a la que Hacienda pide 10.000 en concepto de ganancia patrimonial. El matrimonio, que tiene a su cargo a dos menores, pidió una hipoteca en el año 2006 para comprar una vivienda de 100.000 euros. El banco les concedió un préstamo de 160.000 euros que fueron pagando hasta el año 2009, cuando firmaron una dación en pago. 


La Agencia Tributaria estima la ganancia patrimonial de esta familia fue de 60.000 euros: la diferencia entre lo que escrituró la casa (100.000 euros) y el valor otorgado a la dación en pago, que coincidió con el importe total de la hipoteca (160.000 euros), y les solicita 10.000 euros en concepto de tributos, recargo e intereses de demora.


Las posibles exclusiones, muy tasadas

La llamada Ley Antidesahucios contempla exenciones al pago de impuestos por el incremento patrimonial para familias "situadas en el umbral de exclusión" pero, según señalan desde Stop Desahucios Zaragoza, los requisitos son tan restringidos que muy pocas personas pueden acogerse a este sistema.


La plataforma Stop Desahucios ha condenado esta medida del Gobierno y ha señalado que en Aragón hay decenas de familias afectadas a las que se está reclamando, "como mínimo", unos 3.000 euros. "Es muy difícil saber cuántos afectados hay, seguro que decenas de familias, pero pueden ser cientos", han lamentado desde la plataforma.


Asimismo, estos activistas antidesahucios han comunicado que ya están trabajando para que se modifiquen estas reclamaciones. Las personas a las que se les está reclamando dinero, han valorado, no solo han perdido su vivienda, sino que viven una delicada situación económica y no pueden hacer frente a estas reclamaciones.


Por si fuera poco, han opinado fuentes de Stop Desahucios Zaragoza, en las peticiones de la Agencia Tributaria "no caben perdones ni condonaciones" y si las familias no hacen frente a los pagos dentro de plazo, el importe de la reclamación va generando intereses y recargos y la deuda no deja de crecer.


Estos no son los únicos impuestos a los que tiene que hacer frente una persona que haya firmado una dación en pago. También se tiene que abonar el impuesto municipal de plusvalía aunque en ayuntamientos como el de Zaragoza o Tarazona, la presión ciudadana y el compromiso de los grupos políticos ha conseguido que los habitantes de estas ciudades no tengan que pagar este impuesto y se hacen cargo de él los ayuntamientos, cargándolos a los presupuestos municipales como ayudas.