Velasco: "Si se analizan las actas se sabe qué cosas conocía el Consejo"

El exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, ha comparecido este lunes, en calidad de testigo, ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo. Velasco ha dicho que el estado financiero recogido en las actas del Consejo de Administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) refleja el incremento de ingresos y gastos como consecuencia de la construcción, por parte de Codesport, de las naves cuyo sobreprecio se investiga.

"El Consejo conocía, y así consta en el acta, que se vendieron unas naves, se adjudicaron unas naves, y después se vendieron un serie de metros cuadrados y hay un estado financiero donde habla de unos mayores ingresos y unos mayores gastos como consecuencia de que se hacen las naves", ha declarado a los medios de comunicación.

Velasco ha comparecido durante 45 minutos y ha respondido a todas las preguntas del juez, el Ministerio Fiscal y las defensas relativas a su etapa como miembro del Consejo de Administración de Plaza, entre 2002 y 2007. En su comparecencia ha estado "clarificando todos los extremos que me han preguntado", respondiendo "con precisión".

Ha expuesto que el Consejo de Administración de Plaza "formula" después de cada reunión unas actas que son públicas y en las que "se dicen muchas cosas". "Yo creo que si todo el mundo analiza esas actas sabe qué cosas conocía el Consejo y ahí están", ha agregado. 

Comienza la declaración de los testigos

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha comenzado este lunes a tomar declaración a los testigos del caso Codesport, varios de ellos exconsejeros del Gobierno de Aragón.

Se investiga el desfase de 14 millones de euros en la construcción de 119 naves industriales que la empresa Codesport, de la que es propietario Agapito Iglesias, construyó para la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y cuyo comprador final era la empresa Autocity. Las naves se presupuestaron inicialmente en 14 millones de euros y acabaron costando 32,3 millones, con un recargo de cuatro millones y un sobrecoste de 14.

Están imputados Agapito Iglesias, el exgerente de la sociedad pública, Ricardo García Becerril, y el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, asi como el exdirector técnico de esta empresa autonómica, Miguel Ángel Pérez. García Becerril y Escó están encausados por cometer presuntamente los delitos de malversación y administración desleal, mientras que Agapito Iglesias está encartado como presunto cooperador y por un supuesto delito de estafa.