La constructora Brial entiende que una paralización cautelar de su proyecto para construir 200 viviendas en Averly le supondría «un importante retraso» y, por tanto, pérdidas económicas. Por ello, en sus alegaciones al recurso interpuesto por Apudepa en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ha solicitado a los magistrados de la Sala de lo Contencioso que impongan un aval de 4,5 millones de euros en el caso de que se acepten las medidas cautelares, lo que prohibiría cualquier tipo de obra hasta que la Sala resuelva el recurso.

Esta asociación fue a los tribunales porque considera que la catalogación dada por la DGA a Averly (que protege el 32% del recinto) no se ajusta a la ley aragonesa de Patrimonio. La asociación defiende una protección integral de la factoría, a poder ser con la catalogación de Bien de Interés Cultural. Sin embargo, los magistrados rechazaron las medidas cautelarísimas que dicha entidad también había solicitado, al entender que no era aplicable al carecer del carácter de urgencia.

Que Brial haya solicitado 4,5 millones de aval –que tendría que depositar Apudepa– no significa necesariamente que, en el caso de aprobarse las cautelares, los magistrados impongan dicha cifra como fianza, ya que pueden considerarla excesiva o, al contrario, pequeña. Brial adquirió Averly por unos nueve millones, si bien hasta ahora solo ha pagado a la familia Hauke –antigua propietaria– alrededor de 2,5 (el resto se iría abonando por objetivos, incluyendo la construcción de las viviendas).

Un recurso de reposición

El Ayuntamiento también está pendiente de la resolución del TSJA (que según varias fuentes consultadas, no se prolongará más allá de unos días), ya que Urbanismo también debe decidir si aprueba el plan especial de ordenación propuesto por Brial y si concede o no la licencia de derribo. Por su parte, y a petición de los magistrados, el Ayuntamiento ha presentado información al TSJA sobre los trámites en curso relacionados con Averly, sin tomar una posición sobre las medidas cautelares, señalaron fuentes municipales.

Carlos Bitrián, presidente de Apudepa, consideró la cifra «desorbitada». «Entendemos que no debería ponerse fianza porque no supone ningún perjuicio para Brial, al no estar aprobado el plan especial ni la licencia de derribo», argumentó. Cabe recordar que, en la paralización cautelar de las obras para reformar la actual Romareda, el juez determinó un aval de 200.000 euros.

Por lo demás, la DGA confirmó ayer que finalmente se ha presentado un recurso de reposición a la catalogación. Este procede de la familia Hauke, que no está de acuerdo con varios puntos de la protección dada por Patrimonio.